La Secretaría de las Mujeres de la CIG ha llevado a cabo este viernes una movilización delante del Ayuntamiento de As Neves para denunciar la desprotección de una trabajadora municipal que sufrió acoso sexual en su puesto de trabajo.
Tal y como ha trasladado la CIG en nota de prensa, durante la concentración, convocada en el marco de la campaña del sindicato con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las asistentes han trasladado todo su apoyo y solidaridad a la afectada.
Además, han exigido responsabilidades tanto al autor de los hechos como al alcalde y jefe de personal, José Manuel Alfonso, por su actuación como responsable de la entidad empleadora. «Si tocan a una, respondemos todas» o «Fuera machistas de las instituciones» han sido algunas de las consignas que se gritaron durante la protesta.
Según han relatado desde el sindicato, la afectada se incorporó al Ayuntamiento a través de un programa de empleo destinado a víctimas de violencia de género. Una circunstancia que, indican, la Administración municipal conocía, por lo que «tenía la obligación de garantizar su protección y unas condiciones de trabajo libres de violencia».
Sin embargo, han apuntado, la Inspección de Trabajo, tras una denuncia presentada por el sindicato, «acreditó que la empleada sufrió acoso sexual en su puesto de trabajo y constató graves incumplimientos» de las obligaciones preventivas por parte del Ayuntamiento. Así, la investigación expone que la afectada habría denunciado comentarios de carácter sexual, el visionado de vídeos pornográficos en el centro de trabajo y un tocamiento sin consentimiento.
En este contexto, la CIG ha señalado que el presunto agresor continúa en su puesto de trabajo, mientras que la trabajadora se encuentra de baja, sin medidas que permitan reparar la situación de desprotección. El Ayuntamiento de As Neves ha encomendado a la Diputación de Pontevedra la tramitación del expediente, que ha decidido suspenderlo a la espera de que se resuelva la causa penal.
Ante este escenario, el sindicato ha reclamado que empresas y administraciones garanticen la protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género mediante evaluaciones específicas de los riesgos, adaptación de las condiciones de trabajo, formación preventiva y una vigilancia de la salud adecuada.
También exigen confidencialidad, protocolos frente al acoso conocidos por toda la plantilla, personas con formación específica para atender las denuncias y medidas inmediatas para evitar la exposición al acoso y las represalias.
Finalmente, la CIG ha instado a depurar responsabilidades, garantizar la protección efectiva de la trabajadora afectada y adoptar medidas urgentes para que situaciones como esta «no vuelvan a producirse».

