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Fedea sitúa a Galicia de segunda en el grupo de CC.AA. con superávit al cierre de 2026, con previsión del 0,4% del PIB

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Las comunidades autónomas cerrarán el ejercicio 2026 con un déficit del 0,4% del PIB, cifra cuatro veces superior al 0,1% previsto tanto por el Gobierno como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según las estimaciones publicadas este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

De acuerdo con el nuevo número del Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y UCM), Manuel Díaz (Fedea) y Carmen Marín (Fedea), esta desviación se producirá pese al fuerte crecimiento de los ingresos autonómicos y estará vinculada a la elevada expansión del gasto público.

Aunque el déficit proyectado iguala al registrado al cierre de 2025 (0,4% del PIB), los autores advierten de que, si el resto de subsectores mantuviera las proyecciones de la AIReF -que sitúa el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el 2,8% bajo el supuesto de un 0,1% autonómico-, este desfase elevaría el déficit total de las Administraciones Públicas por encima del 3% del PIB.

Para realizar su proyección, el informe parte de los datos de ejecución publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hasta julio de 2026, cuando las regiones registraron un saldo negativo en Contabilidad Nacional de 429 millones de euros (-0,02% del PIB), ligeramente mejor que el de julio de 2025 (-1.668 millones, -0,10% del PIB).

Hasta ese mes, los ingresos no financieros crecieron un 6,6% (10.235 millones de euros), impulsados por los recursos del sistema de financiación autonómica, mientras que los gastos no financieros avanzaron un 5,7% (8.996 millones), situándose por encima de la tasa de referencia del 3,5% de la regla de gasto.

Concretamente, Fedea señala el fuerte repunte observado hasta julio en las principales partidas de consumo público, como la remuneración de asalariados (7,1%), los consumos intermedios (4,9%) y las transferencias sociales en especie (5,3%), además de los intereses (9,8%).

Según los cálculos del ‘think tank’, si el gasto de las regiones hubiera seguido una senda moderada acorde con la regla de gasto del 3,5%, el subsector cerraría 2026 con un ligero superávit del 0,1% del PIB.

De cara al tramo final del año (de agosto a diciembre), el estudio estima un efecto diferencial positivo en los ingresos de 5.457 millones de euros (0,3% del PIB) respecto al mismo periodo de 2025, explicado principalmente por el aumento de las entregas a cuenta (5.155 millones) y por un efecto neto de 302 millones derivado de la evolución del ITP y AJD y, en Canarias, del IGIC, cuya recaudación cae.

Por el lado del gasto, proyecta un efecto diferencial total de 6.544 millones de euros (0,4% del PIB), resultado de sumar 5.832 millones por la evolución del gasto corriente e intereses, descontar 118 millones por el ajuste de la subida salarial retroactiva contabilizada en diciembre de 2025 y añadir 830 millones por operaciones extraordinarias identificadas por la AIReF que afectan a Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura.

NUEVE REGIONES EN DÉFICIT Y OCHO EN SUPERÁVIT

Por territorios, las previsiones reflejan una elevada heterogeneidad, con nueve comunidades cerrando 2026 con déficit y ocho con superávit.

Los mayores desequilibrios corresponderán a la Comunidad Valenciana (-1,8% del PIB) -que incluye el impacto diferencial de la DANA- y Murcia (-1,6%).

Les siguen Cataluña (-0,8%), País Vasco (-0,7%), Canarias (-0,5%), La Rioja (-0,5%), Andalucía (-0,2%), Aragón (-0,2%) y Comunidad de Madrid (-0,1%).

En el lado opuesto, Navarra encabezará el grupo de regiones con saldo positivo al registrar un superávit del 2,3% del PIB, seguida de Galicia (0,4%), Asturias (0,3%), Extremadura (0,2%), Cantabria (0,2%), Castilla y León (0,2%), Castilla-La Mancha (0,2%) y Baleares (0,1%).

Finalmente, los investigadores subrayan que, ante la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas, España debe abordar un exigente proceso de consolidación fiscal y reducción progresiva de la deuda en el que las comunidades autónomas deben participar mediante una gestión más rigurosa, la racionalización de políticas y una mayor disciplina del gasto, advirtiendo de que el aumento de los ingresos no basta por sí solo para mejorar los saldos presupuestarios.

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