Amnistía Internacional ha denunciado un «uso excesivo» de la fuerza policial por parte de agentes de distintos cuerpos de seguridad el pasado 11 de noviembre, día de la huelga general, y ha documentado diversos casos de «abuso» por todo el Estado, también en Galicia.
Así, la organización se ha referido a agresiones como golpes de porra contra personas «que no suponían una amenazan», en zonas corporales de riesgo, como la cabeza, y también golpes a personas que huían o se apartaban de los agentes. Igualmente, ha documentado el «uso indiscriminado» de espray de pimienta, de gas lacrimógeno o lanzamiento de pelotas hacia gente «pacífica». Unas actuaciones que son «incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad» que deben regir el uso de la fuerza policial.
En el caso de Galicia, han puesto el ejemplo de lo ocurrido en la cocheras de Amio, en Santiago, donde «agentes policiales golpearon reiteradamente a una persona en actitud pacífica, con, por lo menos, cuatro golpes de porra en las piernas».
Amnistía Internacional ha insistido en que la jornada de protesta fue mayoritariamente pacífica, aunque ha reconocido que hubo actos violentos, especialmente en Barcelona, y ha valorado el «díficil papel» de la Policía. No obstante, ha recordado que deben responder a la violencia de forma específica y proporcionada, según la normativa. «Los hechos aislados de violencia no convierten una protesta en no pacífica, ni justifican el uso de la fuera contra quien se manifiesta pacíficamente», ha señalado la organización.
Por ello, han señalado que «es fundamental» que, en la próxima legislatura, se regule el uso de la fuerza ejercida por la Policía de acuerdo con la normativa internacional y de los derechos humanos. «El nuevo gobierno debe abordar el uso excesivo de la fuerza con seriedad, adoptar medidas para evitar que esos abusos se repitan y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas», han remarcado.
Amnistía Internacional ha reclamado al Ministerio del Interior y a las Delegaciones del Gobierno, entre ellas la de Galicia, que abran investigaciones independientes y exhaustivas sobre esos «abusos policiales», y se hagan públicas las conclusiones.
También han pedido que se revisen los protocolos sobre el uso de la fuerza: que se regule y restrinja el uso de agentes químicos, como los gases lacrimógenos; que se evite el uso de porras sobre la parte superior del cuerpo de las personas; que se prohíban las balas goma; o que los agentes que intervengan estén siempre identificados de forma visible; o que se proteja a los periodistas para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.

