El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha determinado la responsabilidad empresarial de la enfermedad profesional de un trabajador, estableciendo un recargo del 30% en las prestaciones a cargo de la compañía por falta de prevención.
En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Seguridad Social declara responsable a Stellantis por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo.
El empleado, afiliado a la CIG, padeció una enfermedad profesional como consecuencia de los trabajos en el taller de Ferraje de la planta viguesa de Stellantis.
Precisamente el sindicato ha denunciado en un comunicado la «situación de desprotección» que sufren los trabajadores de la factoría ante unos ritmos y unas cargas de trabajo que «favorecen la aparición de lesiones músculo-esqueléticas, especialmente por la elevada frecuencia de movimientos repetitivos y la falta de tiempos de recuperación suficientes».
«Mientras en otras empresas del sector del automóvil se adoptan medidas para controlar los ritmos de trabajo y evitar el incremento de cargas en los puestos, en Stellantis continúan produciéndose situaciones que evidencian graves deficiencias en la prevención de riesgos laborales. Una realidad que contrasta con el elevado índice de absentismo por incapacidad temporal existente en la fábrica», ha lamentado la CIG.
La central sindical ha recordado que ya en julio de 2024 se hizo público el reconocimiento de la Seguridad Social de una enfermedad profesional de un empleado. Sin embargo, dicho trabajador decidió ir más allá y presentar una solicitud de recargo de prestaciones contra la empresa, al considerar que la enfermedad tenía su origen en la falta de medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.
Pese a que inicialmente Inspección de Trabajo resolvió a favor de la empresa, ahora la Seguridad Social declara la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas.
Para la CIG, esta resolución pone de manifiesto las contradicciones entre los objetivos productivos de la dirección y la protección efectiva de la salud de las personas.
«Consideramos especialmente preocupante el papel del servicio de prevención propio, que debería actuar con independencia y priorizar la seguridad y la salud del personal, pero cuyas actuaciones, en determinados casos, parecen estar condicionadas por las directrices empresariales y por el objetivo de mantener unos índices de siniestralidad próximas a cero», ha apuntado la CIG.

