El Pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado este martes de forma definitiva el Proyecto de ley de educación digital de Galicia tras el debate y votación del dictamen emitido por la Comisión 4ª, Educación e Cultura. La nueva norma autonómica ha salido adelante con los votos del grupo mayoritario (PPdeG), la abstención de Democracia Ourensana y entre las críticas del BNG y del PSdeG, que han afeado la «falta de consenso» con la comunidad educativa.
Durante el debate en la Cámara autonómica, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha defendido el objetivo de la norma para fijar un marco «estable» ante los avances tecnológicos, destacando que Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma de España en contar con una ley específica para regular la tecnología e Inteligencia Artificial (IA) en las aulas.
Por el contrario, la oposición ha justificado su postura en contra denunciando la «falta de diálogo real» con la comunidad educativa, el rechazo a la mayoría de sus enmiendas y la ausencia de una memoria económica en los presupuestos de la Xunta.
En este contexto, el titular de Educación ha agradecido durante su intervención el trabajo del profesorado, directivos, organizaciones sindicales y expertos que participaron en la elaboración del texto. Según ha expuesto, la ley «es el resultado de un año de trabajo y la recogida de 900 aportaciones», a las que se han sumado las enmiendas incorporadas durante su tramitación parlamentaria.
Rodríguez ha calificado el texto final como «rico» y fruto de escuchar a la comunidad educativa, defendiendo que se trata de una norma «necesaria y oportuna». En este sentido, ha remarcado que la escuela debe formar parte de la transformación digital a través de un «modelo híbrido» que aproveche las oportunidades de la tecnología sin caer en «visiones absolutistas» sobre su uso.
EL 92,2% DE LAS FAMILIAS APOYA REGULAR LAS TECNOLOGÍAS
Por su parte, el diputado del PPdeG Julio García Comesaña ha encuadrado la iniciativa en la necesidad de determinar cómo educar a los jóvenes protegiéndolos también de los riesgos de la tecnología. Comesaña ha explicado que la ley no pretende regular dispositivos o plataformas concretas, sino establecer los «principios, derechos y garantías» que deberán orientar la educación digital en Galicia en los próximos años.
El parlamentario popular ha rechazado que la norma responda a la «improvisación» y ha argumentado que se apoya en la experiencia acumulada en la comunidad. Al respecto, ha citado una encuesta específica encargada al Instituto Galego de Estatística (IGE) según la cual el 92,2% de las familias gallegas considera importante disponer de una ley que regule el uso de las tecnologías en la enseñanza.
Comesaña ha defendido que Galicia «pasa de programas puntuales a una regulación estable que posicionará mejor al alumnado», al tiempo que ha afeado a los grupos de la oposición no haberse situado al menos en la abstención y ha reprochado al BNG votar en contra por «motivos ajenos a la norma».
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La diputada nacionalista Cristina Fernández ha justificado el voto en contra de su formación denunciando que el texto entra en conflicto con los derechos del profesorado, centros, alumnado y familias al «no haber sido consensuado» con la comunidad educativa.
En este contexto, aunque la parlamentaria del BNG ha coincidido en que es necesario regular el uso tecnológico sin olvidar la formación integral del alumnado, ha criticado que el Partido Popular solo aceptara seis de las 69 enmiendas presentadas por el BNG en su totalidad.
Fernández ha lamentado también la negativa del PP a introducir «mínimos» en el uso de la lengua gallega en las plataformas y aplicaciones educativas, acusando a los populares de anteponer «intereses partidistas y centralistas» por encima de los derechos lingüísticos de los gallegos.
PSOE: «ESTA LEY NO ES ADECUADA»
En representación del PSdeG, el diputado Aitor Bouza ha señalado que su grupo presentó 158 enmiendas, de las cuales solo se aceptaron cuatro y se transaccionaron tres, lo que a su juicio refleja la «falta de disposición» del PP para negociar el texto.
Bouza ha hecho hincapié en el matiz de su grupo al sostener que la regulación es «necesaria, pero esta ley no es adecuada». Entre las «carencias» del texto, el parlamentario socialista ha advertido de que la ley no viene acompañada de una memoria económica en los presupuestos autonómicos para materializar sus medidas, lo que conducirá a la «frustración» y convertirá la norma en un «catálogo de buenas intenciones».
El portavoz socialista ha reprochado a la Consellería que busque «colocarse la chapa de ser los primeros» en lugar de «restituir» los derechos del profesorado o «garantizar una educación inclusiva real».
Finalmente, el socialista ha zanjado que el voto negativo del PSdeG responde a la negativa a respaldar una ley que va a «crear falsas expectativas» en el sistema educativo gallego.
«No podemos apoyar esta ley, creemos que es necesaria pero no podemos apoyar una ley que va a crear falsas expectativas. La falta de ambición de esta norma es evidente y absoluta, se refleja en que el Partido Popular no quiso debatir nada, es una ley sin consenso y unilateral», ha concluido.
OBJETIVOS DE LA LEY
Cabe recordar que entre las principales novedades de este texto figura la prohibición de grabar las clases sin autorización, sean presenciales u online, así como la difusión de los exámenes de los alumnos en redes sociales.
En esta línea, la ley aprobada este martes en el Parlamento también delimitará los supuestos de uso de la Inteligencia Artificial y extiende al ámbito digital la autoridad del docente, que ya tiene en las aulas físicas.
Asimismo, permitirá el uso del móvil para fines pedagógicos a partir de 3º de la ESO y habilitará el uso de medios digitales individuales a partir de 5º de Primaria. De este modo, hasta ese curso, se priorizarán las herramientas tradicionales.

