El PPdeG ha presentado más de 60 páginas de enmiendas a la ley de acompañamiento (ley de medidas fiscales y administrativas) de los presupuestos de la Xunta de Galicia de 2027, entre las que se encuentran modificaciones en materia de vivienda como una disposición que busca facilitar la compra de suelo residencial propiedad del Insituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para construir vivienda protegida permanente: podrán aplazar el pago del precio hasta en seis años y tendrán bonificaciones en intereses por este abono aplazado.
Entre las 17 enmiendas que los populares hacen a la Xunta, a las que ha tenido acceso Europa Press, se encuentran estas mayores flexibilidades para la compra de suelo que vende el IGVS de cara al fomento de promociones de vivienda protegida permanente. Podrán aplazar el pago hasta seis años y, «de ser el caso, bonificar los intereses del precio aplazado».
El PPdeG sostiene que con esta bonificación se «ayuda a cubrir el desequilibrio entre los costes de la promoción y los ingresos derivados de los precios o rentas máximos» que limita la vivienda protegida.
Otra de las modificaciones en materia de vivienda permite excepcionalmente una altura libre mínima de 2,20 metros, en vez de 2,40 metros, cuando no resulte «técnica o urbanísticamente viable», con cuestiones como resultar incompatible con la intervención o la protección del edificio, al igual que en actuaciones estructurales manifiestamente desproporcionadas.
COMUNICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES
La Xunta recogía en la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2027 una modificación de la ley de comercio interior por la que sustituye la autorización comercial autonómica para la implantación, ampliación y traslado de grandes establecimientos comerciales por una declaración responsable del promotor a la Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
En lo tocante a esta cuestión, el PP incluye ahora una enmienda para que en vez de una «declaración responsable» del promotor, como se incluía en el texto de la Xunta, sea una «comunicación» a la Dirección Xeral de Comercio e Consumo. «El cambio no supone una desregulación ni elimina los títulos urbanísticos, ambientales o sectoriales que legalmente procedan sino que sustituye la autorización comercial previa por una técnica menos restrictiva, evitando controles redundantes y manteniendo la protección de los intereses generales», aclara.
Por su parte, a estas enmiendas de los populares al texto de la ley de acompañamiento se encuentran solicitar una moratoria de dos años de la autorización de nuevas plantas de biogás o de ampliaciones relevantes hasta que la Xunta elabore y aprueba una planificación específica, tal y como ya avanzó en rueda de prensa el pasado viernes el viceportavoz tercero de los populares en el Parlamento, Roberto Rodríguez. Por lo tanto, todos estos procedimientos quedarán aplazados temporalmente durante un máximo de dos años, en los que se podrá levantar la moratoria si el Gobierno gallego aprueba el plan durante ese tiempo. La suspensión afectará a expedientes que estén en tramitación en el momento en el que entre en vigor. Sin embargo, las empresas interesadas podrán seguir presentando solicitudes, aunque la tramitación estará suspendida.
Entre otros cambios en sus enmiendas, el PP introduce ajustes en el cobro de las tarifas de las embarcaciones y en la tasa por actividades económicas en puertos autonómicos.
CIENTOS DE ENMIENDAS PARCIALES DE LA OPOSICIÓN A LOS PRESUPUESTOS
Por otra parte, este sábado terminaba el plazo de presentación de enmiendas parciales a los presupuestos y ley de acompañamiento por parte de los grupos parlamentarios.
Según explican fuentes de los grupos a Europa Press, el BNG ha presentado un millar de enmiendas a las cuentas, mientras que el PSdeG ha hecho lo propio con más de 400. Por su parte, Democracia Ourensana no ha presentando enmiendas parciales. Los tres grupos de la oposición ya habían registrado previamente enmiendas a la totalidad para reclamar la devolución de los presupuestos.
