El PPdeG ha solicitado, a través de una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2027, una paralización temporal de la autorización de nuevas plantas de biogás o de ampliaciones relevantes hasta que la Xunta elabore y aprueba una planificación específica. En todo caso, la moratoria tendrá una duración máxima de dos años.

Esta es una de las 17 enmiendas parciales que el Grupo Popular ha presentado a esta ley de medidas fiscales y administrativas, a las que se suman otras tres que afectan al proyecto de ley de presupuestos. El viceportavoz tercero de los populares en el Parlamento, Roberto Rodríguez, ha indicado que la mayoría de esta veintena de modificaciones son «esencialmente técnicas» y buscan «perfeccionar el texto normativo» y «reforzar la seguridad jurídica».

A su entender, la moratoria a las plantas de biogás es la de «mayor relevancia». «Se traduce en que, mientras no se elabore y se apruebe por parte de la Xunta una planificación propia y específica de las instalaciones de producción de biogás, en el marco del plan de residuos de Galicia, no se autorizará ningún proyecto de estas características», ha explicado en rueda de prensa.

Por lo tanto, todos estos procedimientos quedarán aplazados temporalmente durante un máximo de dos años, en los que se podrá levantar la moratoria si el Gobierno gallego aprueba el plan durante ese tiempo. La suspensión afectará a expedientes que estén en tramitación en el momento en el que entre en vigor. Sin embargo, las empresas interesadas podrán seguir presentando solicitudes, aunque la tramitación estará suspendida.

La moratoria prevé dos excepciones. Por un lado, quedarán excluidas aquellas plantas ligadas a explotaciones agrarias o ganaderas que traten exclusivamente los residuos de la misma; y, por otro, instalaciones «imprescindibles» para el servicio público de gestión de residuos urbanos o de depuración de aguas residuales.

Rodríguez ha recordado que el propio proyecto de ley de medidas fiscales ya prevé la elaboración de una estrategia para las pequeñas plantas de biogás, que el PPdeG entiende como un instrumento «perfectamente compatible» con la elaboración de una planificación específica para estas plantas.

«Galicia necesita una hoja de ruta específica en la que se ordene dónde, cómo y con qué requisitos ambientales se pueden implantar estas instalaciones en Galicia», ha reclamado. Además, ha defendido que el objetivo de esta medida es «dar mayor seguridad jurídica a los proyectos, garantizar la máxima protección ambiental y, sobre todo, dar respuesta directa y responsable a la inquietud social y vecinal que estaba generando este asunto».

UNA VEINTENA DE ENMIENDAS

Las restantes enmiendas pretenden, en palabras de Rodríguez, «facilitar la vida de los ciudadanos y agilizar los trámites». En materia de vivienda, han presentado tres enmiendas para introducir «ajustes de carácter técnico» y «nuevas facilidades» para poner en marcha vivienda pública y protegida con la mayor agilidad.

En el ámbito del comercio, los populares han presentado otras seis enmiendas para adaptar la legislación gallega a la normativa europea relativa a la simplificación administrativa. En relación a las medidas que atienden al sector del mar, han demandado otras cinco modificaciones sobre la normativa de tasas de Portos de Galicia, todos ellos «ajustes de carácter técnico».

Esta veintena de enmiendas las completan otras cuatro que son «estrictamente» ajustes de técnica legislativa para mejorar la redacción del texto.

PULSERAS ANTIMALTRATO

Por otra parte, Roberto Rodríguez ha cargado contra la «dimensión intolerable y escandalosa» que, a su juicio, ha tomado el asunto de las pulseras antimaltrato que dependen del Gobierno central. La Fiscalía Europea anunció el jueves que está llevando a cabo una investigación por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de estos dispositivos.

«Es absolutamente repugnante que un gobierno que se envuelve en la bandera del feminismo para dar lecciones morales de no se sabe qué a todo el mundo tenga ahora a la UCO registrando papeles en su Ministerio de Igualdad sobre las pulseras que deberían proteger a las mujeres víctimas de maltrato», ha opinado.

El Grupo Popular trasladará esta cuestión a pleno con una proposición para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «corrija los fallos en el sistema». En concreto, reclamarán la publicación de todas las auditorías realizadas entre 2024 y 2026; datos desagregados por cada provincia gallega, y un plan coordinado con la Xunta para corregir los fallos de la cobertura en el rural y en las zonas fronterizas.

Además, los populares demandarán la sustitución inmediata de todos los dispositivos y, por último, controles estrictos y sanciones «verdaderamente disuasorias» ante estos errores. «La mala gestión puede tener consecuencias irreparables. Cada hora sin geolocalización puede costar una vida», ha zanjado.