El Parlamento gallego ha instado a la Xunta — con respaldo de PP, PSOE y BNG a una iniciativa presentada por los socialistas — a incorporar «de manera efectiva» la educación afectivo-sexual a los proyectos curriculares de los centros de enseñanza obligatoria. También establecer un programa específico de formación del profesorado y un protocolo de actuación ante posibles abusos sexuales a menores.

La diputada socialista Paloma Castro, que ha defendido la proposición no de ley, ha aludido al número de menores condenados por delitos contra la libertad sexual y ha expuesto que «no se puede permitir que la pornografía se convierta en la principal escuela de educación sexual».

Desde el PP, se ha insistido en que la educación afectivo-sexual está en las aulas de manera «transversal», aunque, finalmente, han respaldado la propuesta.

En otro iniciativa presentada por el PP, y defendida por la diputada popular Noelia Pérez, el Parlamento gallego requiere a la Xunta a diseñar y aplicar políticas activas orientadas a la atención de colectivos específicos con especiales dificultades de inserción, en colaboración con entidades sin ánimos de lucro.

«Aún hay personas con especiales dificultades para acceder a un empleo», ha señalado la parlamentaria. Esto con críticas de la oposición a iniciativas que han considerado «correa de transmisión» de la propia Xunta.

OTRAS DEMANDAS

Ha sido en la Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego a través de proposiciones no de ley en las que no salieron adelante las presentadas por el BNG, para exigir datos sobre la contratación de personal facultativo sin formación MIR.

Tampoco la de socialistas para promover que los pacientes en fase terminal y sus familias dispongan de un cuarto individualizado, cuestión, han expuesto, que no se puede garantizar en todas las áreas sanitarias.

Respecto a la contratación de personal facultativo sin formación MIR, la diputada nacionalista Montserrat Prado ha reprochado esta práctica. «No es cuestión de un día, están haciendo contratos estables», ha denunciado en referencia a distintos servicios sanitarios.

Desde el PP se le ha acusado de «tergiversar datos» para buscar «rédito político». «No les preocupa que falten especialistas», han apostillado desde las filas de esta formación.