El Gobierno gallego ha decidido este jueves iniciar la tramitación y redacción de la que será la primera Ley de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. El objetivo será «simplificar y agilizar» los procedimientos de evaluación ambiental para «favorecer el desarrollo económico» sin rebajar la protección ambiental.

De ello ha informado el presidente, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, que abre un periodo de consulta pública para que la ciudadanía pueda trasladar sus aportaciones relativas a este nuevo texto.

Feijóo ha explicado que Galicia carece de normativa propia en materia de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, optando por aplicar en su integridad la ley estatal de 2013.

No obstante, la Consellería de Medio Ambiente constató que «las evaluaciones ambientales se prolongarán en exceso», lo que provoca «un retraso injustificado» en la implantación de iniciativas «necesarias para el desarrollo de actividades económicas y empresariales de la comunidad».

En este sentido, la Xunta quiere dotar a la Comunidad de una norma con rango legal que dé «claridad, simplificación y agilidad» a la tramitación de los procedimientos administrativos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Pretende aportar «seguridad jurídica» a los operadores económicos, sin «menguar» el «elevado nivel de protección ambiental» que marcan las directivas de la Unión Europea aplicables, así como la legislación estatal básica.

EXISTENCIA DE RED NATURA

Entre los principales objetivos que se pretenden alcanzar con este futuro texto normativo está clarificar los organismos y entidades a los que se debe dar traslado de consulta en cada caso y que será fijado por cada órgano sustantivo.

Así, se evitarán «demoras innecesarias» como el hecho de remitir de nuevo los informes y alegaciones que se presentan para recoger su opinión.

También «se simplifican las evaluaciones ambientales» que se exigen por la exigen por la existencia de una posible afección a la red Nautra.

De este modo, en vez de empezar un procedimiento administrativo de un mínimo de cinco meses de duración, se regularía que sea un informe de la dirección xeral competente el que señale si hay o no esta posible afección.

De concluirse la inexistencia de afección, no sería necesario tramitar un procedimiento de evaluación ambiental.