La sección quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de aplicar la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), recogida en la sentencia del 15 de octubre de 2026, que establece que las entidades bancarias no pueden negarse a devolver de inmediato el importe de una operación de pago no autorizada alegando una posible negligencia grave por parte del cliente.

Los magistrados confirman la condena impuesta a una entidad bancaria por el tribunal de primera instancia, de forma que obliga a devolver 8.874 euros a una clienta víctima de un fraude bancario.

Según se recoge en la sentencia, el banco no puede oponerse al reintegro del importe alegando una negligencia grave por parte de la ordenante, ya que eso supondría «privar de eficacia la obligación de devolución inmediata e iría en contra de la finalidad de la directiva europea de garantizar una elevada protección de los consumidores».

En relación con la existencia de fraude por parte de la clienta, el tribunal considera probado que esta fue víctima de un engaño. Para ello, se basa en que la propia entidad bancaria reconoció en la respuesta a la reclamación presentada por la usuaria que las operaciones pudieron realizarse tras el acceso de terceras personas a los datos de la tarjeta. Los magistrados entienden que el banco «actuó en contra de la buena fe» al negar posteriormente en el procedimiento judicial unos hechos que ya había admitido.

En la sentencia también se explica que «la responsabilidad de las entidades proveedoras de servicios de pago por las operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi objetivo», por lo que «deben responder una vez que se les comunica su existencia, salvo que acrediten que el usuario cometió fraude». En este caso, el tribunal señala que el banco no aportó pruebas que justificasen esa excepción.

El tribunal concluye que el banco «no ha cumplido con su obligación de devolver de inmediato el dinero a su clienta» y solo cuando lo haga «podrá reclamar su reembolso si considera que ha existido una negligencia grave por parte de la ordenante». La resolución no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.