El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha asumido también la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, recibirá este martes a las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en 2013 en Angrois (Santiago), donde murieron 80 personas.

Lo hará a las 16,00 horas en la sede del Ministerio de Economía, unas horas antes de que se celebre el funeral por las víctimas de la tragedia de Urda, previsto para las 19,00 horas en la Catedral de Toledo.

El pasado viernes, Cuerpo se reunió con los afectados por el siniestro de Adamuz (Córdoba), en medio de los contactos que también mantiene con sindicatos por las huelgas convocadas para reclamar que se implementen medidas para mejorar la seguridad en la red ferroviaria española.

Por su parte, la plataforma de afectados por Angrois exige al ministro la eliminación «urgente» de la normativa de la posibilida de circular a 200 kilómetros por hora con el ‘Asfa’ como sistema de respaldo cuando fallen el ‘ERTMS’ o el ‘LZB’, propios de la alta velocidad. «No es seguro, como demostraron Angrois y Urda», advierten las víctimas. Frente a eso, reclaman «garantizar la máxima disponibilidad de los sistemas nominales de alta velocidad».

La colisión por alcance en Urda y el descarrilamiento en Angrois coinciden, según llama la atención el ingeniero Jorge Iglesias, que acompañará a la plataforma en la cita con Carlos Cuerpo, en el hecho de que se habían caído (en el primer caso) y desconectado (en el segundo) estos sistemas propios de la alta velocidad, dejando la seguridad a expensas del posible fallo humano.

«APRENDER POR FIN DE LOS ERRORES DEL PASADO»

Junto a esta petición relativa al ‘Asfa’, las víctimas del Alvia demandarán la creación de una comisión técnica independiente, que cuente con expertos europeos y «revise» la investigación realizada por la CIAF.

En su informe, la CIAF solo responsabiliza al maquinista por circular con un exceso de velocidad antes de llegar a la curva de A Grandeira –atendía a una llamada del interventor–, y no entra en la minoración de la seguridad que supuso el cambio de proyecto –con el PSOE en el Gobierno se eliminó el ‘ERTMS’ de los últimos kilómetros de línea– o la mencionada desconexión del sistema embarcado –que se produjo ya con el PP en La Moncloa–.

Precisamente, la plataforma de víctimas destaca que existe el precedente de la comisión técnica que creó la exministra de Fomento Ana Pastor para revisar la seguridad y la normativa tras Angrois. «De poco sirvió, viendo los resultados», lamenta la asociación.

Y, en este sentido, avisa de que «no puede construirse un nuevo modelo de seguridad y aprender sobre investigaciones cuya independencia y rigor han sido cuestionados por las propias instituciones europeas», en referencia a las críticas de la Agencia Ferroviaria Europea al informe de la CIAF.

«La revisión de la investigación de Angrois constituye la prueba fundamental de que el Estado quiere, por fin, aprender de los errores del pasado, reconocer sus deficiencias y corregirlas, en lugar de limitarse a buscar culpables sin analizar ni resolver los fallos que hicieron posibles las tragedias», resaltan las víctimas.

«Sin este compromiso, todo seguirá igual. Si rechaza esta propuesta, la aplaza o responde con evasivas, tendremos que concluir que no existe una verdadera voluntad de aprender ni de cambiar nada. Cualquier anuncio de nuevas medidas o de un nuevo modelo de seguridad quedará reducido a un mero maquillaje», inciden.

La plataforma considera así que «no se puede aceptar que se siga hablando de aprender mientras se evita revisar aquello de lo que hay que aprender» y recalca que «hay muertos y familias destrozadas».

Por último, instan al ministro a implantar «sin demoras el resto de peticiones elaboradas por los expertos», unas medidas que aportarán en un documento en el encuentro con Cuerpo, a donde acudirán acompañados por los expertos en ‘ERTMS’ Jorge Iglesias y Jaime Tamarit, que fueron claves durante la instrucción y el juicio del caso Alvia.

En una carta abierta, el colectivo de afectados concluye que no necesitan «discursos ni promesas» sino «responsables que asuman las consecuencias de sus decisiones y medidas que impidan que se sigan contando víctimas».