La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha dado cinco días al Ayuntamiento de Santiago para aceptar una oferta por la que la Xunta cedería la gestión de los fondos del Ministerio asociados a la zona de vivienda tensionada. Sin embargo, el ofrecimiento está condicionado a que se destinen «exclusivamente» a la promoción directa de 123 viviendas protegidas en una parcela concreta del SUNP-5 A Muíña.

Además, le da otra opción, que consiste en «ceder al IGVS la propiedad de la citada parcela» para llevar a cabo la actuación, para la que estima una inversión total de 25 millones. Esta es la que, a los ojos de la Xunta y «a la vista de la inversión», «debe» ser, aunque dice no tener «inconveniente» en conceder la otra.

Este es el escenario que el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, le ha planteado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a través de una carta con fecha del martes, 3 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Si no acepta ninguna de las dos opciones, el Gobierno gallego destinará los fondos concedidos, que cifra en más de 2,9 millones, a financiar la promoción de 244 viviendas de promoción pública en Salgueiriños, una actuación ya en marcha y con una inversión de más de 50 millones de euros.

El texto responde a una misiva previa de la regidora en la que, según expone la Xunta, el Ayuntamiento mostraba su «disposición» de constituir un derecho de superficie a favor del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) sobre la parcela en cuestión y por un plazo de 75 años. El derecho de superficie permitiría a la Xunta construir en este ámbito, pero la titularidad permanecería en el Ayuntamiento.

La gestión de estos fondos ha sido objeto de disputa entre ambas administraciones desde el anuncio de su concesión. Estos fueron transferidos desde el Gobierno a la Xunta, pero el Ayuntamiento defiende que debería ser quien los gestione. Según apuntó el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, están destinados a desarrollar los planes de medidas correctoras y, en el caso gallego, fueron elaborados y aprobados por los gobiernos locales.

En su carta, el secretario xeral insiste en que la Xunta pretende destinar los fondos que se le transfieran en este marco a la promoción de vivienda pública de nueva construcción. En sus palabras, esto «da continuidad a su compromiso de incrementar el parque público, y en línea con lo recogido en el plan de medidas presentado por el propio Ayuntamiento».

DOS OPCIONES Y CINCO DÍAS

De este modo, García Porto considera «sorprendente» que, a pesar de las solicitudes «reiteradas» del IGVS de que el municipio cediese parcelas para la promoción de viviendas protegidas de promoción pública, «en ningún momento se le ofertase al IGVS esta parcela para dar una solución habitacional a 123 familias santiaguesas con especiales dificultades de acceso a una vivienda».

«Por el contrario, el Ayuntamiento optó por ceder suelo para 36 viviendas de promoción pública, un tercio de las que tienen cabida en la parcela actual», prosigue. Al hilo, el secretario xeral sostiene que es de «especial interés» llevar a cabo la promoción de estas 123 viviendas públicas, remarcando el «esfuerzo» económico de la Xunta «con cargo a sus propios presupuestos».

Por este motivo, considera que «el suelo debe ser de titularidad autonómica» y «debe cederse la plena propiedad de la parcela» al IGVS. De todos modos, indica que, atendiendo a la legislación que reconoce la competencia municipal para la promoción y gestión de la vivienda de protección pública, «no hay inconveniente en transferirle los 2.928.522 euros con carácter finalista» para que se destinen «exclusivamente» a la promoción directa de esas 123 viviendas.

Planteadas las dos alternativas, Heriberto García Porto concluye su carta dando un plazo de cinco días al Ayuntamiento que justifica en la «necesidad» de enviar una propuesta al Ministerio de la actuación seleccionada y de la administración responsable de la ejecución de los fondos.