La conseleira do Mar, Marta Villaverde, ha reiterado este miércoles en el Parlamento la preocupación de la Xunta por las posibles consecuencias de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Tailandia para la industria conservera gallega, un acuerdo para el que ha exigido que el producto que entre en la UE tenga «condiciones equivalentes» al producido aquí y ha exigido más implicación del Gobierno del Estado en la defensa de los intereses españoles: «Necesitamos hechos», ha dicho.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado popular Julio García Comesaña, Villaverde ha advertido de que «está en riesgo un sector del que dependen decenas de miles de familias vinculadas con la cadena mar-industria», con un importante peso del empleo femenino y una especial relevancia para la economía de las localidades costeras.

En este marco, la conselleira ha explicado que el Gobierno gallego abrió, a finales de septiembre, una «interlocución directa» con la Comisión Europea para trasladar su posición sobre estas negociaciones y, en particular, sobre la entrada de atún en conserva.

El presidente de la Xunta, ha contado, remitió sendas cartas a los comisarios de Pesca y Océanos y de Comercio y Seguridad Económica, en las que reclamó que se excluya el atún en conserva de las negociaciones mientras no si acrediten «estándares equivalentes a los europeos» en materia sanitaria, laboral, ambiental y de lucha contra la pesca ilegal.

Paralelamente, Villaverde se dirigió a los ministros de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para solicitar «la implicación del Gobierno central en la defensa de los intereses del sector». La responsable autonómica ha informado de que la secretaria general de Pesca respondió recientemente trasladando su disposición a vincular «cualquier acceso preferencial al cumplimiento de condiciones equivalentes en origen».

Sin embargo la conselleira ha reclamado más implicación y acciones concretas. «No queremos un mero trámite ni una carta de buenas intenciones, necesitamos hechos», ha clamado.

GRUPO DE TRABAJO

Villaverde también ha dado cuenta de las actuaciones impulsadas desde la presidencia gallega del Grupo de Trabajo de Pesca de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), que permitieron promover una declaración conjunta con regiones marítimas de España, Portugal, Francia e Italia.

El documento reclama la aplicación de cláusulas espejo, el uso obligatorio del sistema CATCH para garantizar la trazabilidad, mecanismos automáticos de salvaguarda y la creación de un Observatorio Europeo de la Industria Conservera del Atún.

Galicia también ha trasladado esta preocupación a la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, y ha recordado que, en el último Consejo de Ministros de Pesca de la UE, se apoyó la petición francesa de prestar especial atención a los productos pesqueros sensibles en los acuerdos de libre comercio.

La Comisión Europea, ha dicho Villaverde, manifestó su intención de evitar que las negociaciones con Tailandia y Filipinas incrementen los flujos comerciales actuales, así como de garantizar normas de origen estrictas y la protección de los productos sensibles, especialmente el atún. Finalmente, Villaverde subrayó que la cuestión trasciende el ámbito estrictamente comercial, ya que «es una cuestión de soberanía alimentaria y de cohesión territorial».

COFRADÍA DE RAXÓ

En la misma sesión del pleno, la conselleira ha respondido a una pregunta formulada por la diputada nacionalista Rosana Pérez sobre los «actos públicos de vejación e insultos» a una mariscadora por parte del patrón mayor de Raxó, en Poio, así como sobre las medidas previstas por la Xunta en relación a esta cuestión.

En su intervención, la diputada nacionalista ha preguntado a la conselleira do Mar si estos insultos «le parecen tan nauseabundos» como al BNG y ha acusado a la máxima responsable de la Pesca en Galicia de haber recibido, antes de hacerse públicos, los audios con estos insultos, algo que la conselleira ha negado.

Rosana Pérez ha afeado a Villaverde que la afectada «no recibiese ni una llamada de apoyo por parte de la consellería» y ha recordado que el patrón mayor de Raxó «es también vicepresidente de la Federación Galega de Confrarías».

Sobre esta cuestión, la conselleira ha expresado la condena de la Xunta ante «cualquier forma de violencia, incluida la verbal» y ha subrayado la necesidad de «exigir responsabilidades respetando los procedimientos legales».

Villaverde ha explicado que, aunque las cofradías están sometidas a la tutela de la administración autonómica, esta «no tiene la potestad general para sancionar o cesar a sus representantes».

En todo caso, ha asegurado que la Xunta «examinará y actuará conforme a la ley» ante cualquier hecho «que afecte al ámbito de sus competencias».