La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado a la Comisión Europea que tome medidas para asegurar que se llevan a cabo investigaciones independientes de los dos accidentes de la alta velocidad ocurridos este año en Adamuz y Urda y que España cumple con las mejoras en materia de control y señalización comprometidas con la Unión Europea.

En este contexto, la eurodiputada ha solicitado al comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, una reunión en los próximos días para abordar en detalle la situación, al tiempo que ha registrado dos preguntas parlamentarias para que el Ejecutivo comunitario indique si sopesa la apertura de un procedimiento de infracción contra España y aclare si se han realizado auditorías recientes para supervisar el cumplimiento del plan de acción para resolver deficiencias sistémicas que llevó a Bruselas a cerrar un expediente anterior contra España en 2024.

«Esa supuesta mayor seguridad que esperábamos (con la implementación del plan de acción) parece que no se cumplió porque se han producido dos accidentes graves, uno el de Adamuz y ahora el trágico accidente tan reciente y tan triste como es el de Urda», ha expresado Miranda en declaraciones a la prensa en la capital comunitaria.

Miranda, que ya denunció reiteradamante ante la Comisión Europea deficiencias en el sistema español tras el accidente ferroviario de Angrois en julio de 2013, ha pedido en sus interpelaciones a Bruselas aclarar si existe una auditoría del plan de acción correspondiente a 2025 y, de ser así, que comparta esa información para comprobar el nivel de implementación de los cambios necesarios en «más de 80 normas».

«Lo que es más importante es el sistema de control integral de riesgos para saber si se hicieron las pruebas suficientes para que en esa línea, después de haber tenido varios apercibimientos de que había problemas de seguridad, los trenes seguían funcionando», ha indicado la eurodiputada gallega.

En su escrito a la Comisión Europea, Miranda también apunta a la apertura de un procedimiento de infracción «por incumplimiento de los sistemas de control y señalización ferroviaria», tras recordar que el propio comisario Tzitzikostas le informó en una respuesta parlamentaria de abril de este mismo año de que, en marzo de 2024, se archivó el expediente abierto en 2019 «porque España ya había abordado las deficiencias sistémicas en los procesos de supervisión e investigación de accidentes».

Aquel plan de acción, según recoge la respuesta de Tzitzikostas, debe ser supervisado mediante informes anuales que las autoridades nacionales presenten a la Comisión Europea y a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE), organismo, este último, que en 2023 confirmó que se habían producido «avances significativos».

Desde que el pasado miércoles se produjera el accidente en Urda que ha dejado 69 fallecidos y numerosos heridos, Bruselas se ha limitado a decir que está pendiente del avance de la situación y que ofrece todo el apoyo necesario a las autoridades nacionales, incluida la asistencia técnica de la AFE, al tiempo que queda a la espera de los resultados de la investigación independiente que se lleve a cabo.

El accidente de Adamuz del pasado enero también está siendo objeto de una investigación independiente a cuyos resultados supeditó Bruselas cualquier decisión sobre medidas, pero nueve meses después del siniestro dicha investigación sigue abierta.