La rectora de la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García Mateo, ha defendido el papel de las universidades públicas como «ascensores sociales» para contribuir en la inclusión académica de las personas procedentes del sistema de protección de menores de la Xunta y ha incidido en la necesidad de garantizar que «el futuro de una persona no esté determinado por su origen».

Así lo ha trasladado este miércoles durante la presentación del programa piloto de inclusión académica de personas procedentes del sistema de protección de menores de la Xunta, fruto de un convenio de colaboración entre la institución y la Consellería de Política Social e Igualdade.

En esta línea, el profesor responsable del programa, Deibe Fernández, ha recalcado que la iniciativa –que ya acompaña actualmente a cinco personas–, responde al objetivo de configurar apoyo «más allá de los 18 años», así como garantizar que las personas incluidas en el sistema «tengan claro que hay una opción de acceder a la universidad» y «romper» así con la «cadena de exclusión».

«Cuando el alumnado del programa llega a la universidad se abre un proceso de emancipación y un mundo de incertezas e inseguridades que necesita medidas de apoyo. El proceso de transición es fundamental», ha señalado Fernández, y ha defendido, además, la necesidad de «sensibilizar y formar» a aquellos profesionales que acompañan a los estudiantes.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En este sentido, también la directora de la Unidad de Diversidad de la UVigo, Raquel Rey, ha destacado la importancia de valorar «las diferentes experiencias, conocimientos y trayectorias vitales» de cada persona, puesto que esto «contribuye a construir una institución más abierta, plural y comprometida con su realidad». «La inclusión no es una meta que se alcanza de una vez y para siempre, es un compromiso que requiere colaboración, recursos y voluntad institucional», ha añadido.

«Al cumplir los 18 años, muchas personas se enfrentan a una transición especialmente complicada. Como consecuencia, algunas de ellas, a veces, deben asumir responsabilidades vinculadas a la vivienda, el empleo o la autonomía personal. Así, algunas con capacidad, motivación y gran potencial ven dificultades para el acceso o continuidad en sus estudios universitarios, ahí es donde este progama quiere actuar», ha subrayado.

Por ello, ha detallado que el programa se enmarca en cuatro líneas de actuación basadas en el acompañamiento individualizado, el apoyo a bolsas y estudio, la formación y coordinación de las personas implicadas en el propio sistema de protección y la ampliación del impacto del programa «más allá» de los participantes. Todo ello, con la finalidad de «hacer visible» la existencia de las dificultades que afrontan los participantes y promover un «desarrollo normal» en la institución.