El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado las condenas impuestas a cuatro miembros de una misma familia por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, relacionados con la distribución de drogas en el municipio coruñés de Noia durante el año 2019.

Así, el alto tribunal gallego desestima los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y por tres de los condenados contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña. En concreto, los cuatro acusados fueron condenados por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y condenados, cada uno de ellos, a una pena de dos años y medio de cárcel.

La investigación de la Guardia Civil constató que los acusados se dedicaban de forma concertada y organizada a suministrar sustancias estupefacientes a terceras personas a cambio de un beneficio económico. Según los hechos probados, se identificó a hasta 14 personas que habrían recibido drogas de alguno de los integrantes de la familia.

En los registros realizados en octubre de 2019 en viviendas, garajes y otros inmuebles vinculados a los investigados, los agentes intervinieron distintas cantidades de cannabis, resina de cannabis, cocaína y otras sustancias estupefacientes.

En su resolución, el TSXG rechaza los argumentos de las defensas relativos a una supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio y la presunción de inocencia.

La Sala considera que las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios estuvieron respaldados por resoluciones judiciales motivadas y que las pruebas practicadas durante el procedimiento fueron válidas y suficientes para sustentar las condenas.

Asimismo, descarta que se haya producido una irregularidad en la cadena de custodia de las sustancias intervenidas y avala la valoración probatoria realizada por la Audiencia Provincial, al entender que la distribución de drogas a terceras personas quedó acreditada.

Por otra parte, el alto tribunal gallego mantiene la absolución de un quinto acusado respecto del delito contra la salud pública por el que había sido juzgado.