La Guardia Civil ha liberado a 22 mujeres de origen extranjero que eran obligadas a ejercer la prostitución tras desarticular una extensa red criminal implicada en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Sevilla, y relacionada con otras organizaciones delictivas en distintas provincias de España, Pontevedra entre ellas.

El ‘modus operandi’, según constató la Guardia Civil gracias a la información de una de las mujeres que logró escapar, consistía en captar en países latinoamericanos a las potenciales víctimas mediante una falsa promesa de un empleo en España dedicado al cuidado de personas de avanzada edad.

Primeramente, la propia organización se haría cargo del coste del desplazamiento desde el país de origen de estas mujeres, así como de los trámites de su documentación. Sin embargo, una vez aterrizaban en territorio nacional, integrantes de la organización les retiraban inmediatamente los pasaportes, indicándoles que habían contraído una deuda con la organización que ascendía aproximadamente a los 10.000 euros, en concepto de gastos de viaje y alojamiento.

Como consecuencia de esta presunta deuda, bajo coacciones e intimidaciones, incluso bajo la amenaza de acabar con la vida de sus familiares en su país de origen, los detenidos exigían a estas mujeres el ejercicio de la prostitución en casas prostíbulo gestionadas por la propia organización.

La relación entre las organizaciones delictivas conllevaba el traslado de forma periódica de las mujeres por distintos inmuebles del territorio nacional pertenecientes a otras organizaciones criminales, dificultando así las posibles investigaciones de los cuerpos policiales.

Igualmente, la Guardia Civil corroboró que la deuda contraída por estas mujeres era asumida por los líderes de las distintas organizaciones, provocando que la deuda fuese incrementándose constantemente, teniendo las víctimas que rendir cuentas con la nueva organización, y continuar ejerciendo la prostitución para saldar la deuda con ellos.

La investigación llevada a cabo por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, ha finalizado con la detención de 19 personas siendo puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente, como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, dos delitos de explotación sexual, un delito de agresión sexual y el delito de pertenencia a organización criminal.

DESARROLLO DE LAS FASES DE EXPLOTACIÓN

Una vez reunidas todas las pruebas e indicios necesarios la Guardia Civil ha procedido a la explotación de la denominada ‘operación Bonifaz’ en dos fases operativas.

La primera fase llevada a cabo a finales del mes de septiembre se saldó con seis entradas y registros en inmuebles utilizados para la explotación sexual en Sevilla capital, con la colaboración de la Policía Local de Sevilla. También se llevaron a cabo 11 detenciones en las localidades de Gelves (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Paralelamente en dichos registros fueron identificadas en el interior de los inmuebles 15 mujeres que ejercían la prostitución para la organización. Dos de estas mujeres fueron inmediatamente solicitantes de protección en casa de acogida de entidades especializadas, todo ello a través de las gestiones realizadas por los investigadores de la Guardia Civil.

En dichos registros fueron intervenidos dos vehículos de alta gama, diversos dispositivos de videovigilancia utilizados para el control de las mujeres explotadas en dichas viviendas, terminales móviles de telefonía, dispositivos de pago electrónico TPV, documentación contable y contratos fraudulentos realizados con las propias víctimas, así como 20.000 euros en efectivo.

En la segunda fase, llevada a cabo este mes, la Guardia Civil ha practicado seis registros en inmuebles de las localidades de Vigo (Pontevedra), Mijas (Málaga), Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia), donde la Guardia Civil ha detenido a ocho personas, localizando e identificando a otras siete mujeres utilizadas por la organización para el ejercicio de la prostitución. En estos registros la Guardia Civil ha intervenido 7.780 euros en efectivo, además de un alto número de dispositivos electrónicos y documentación.

Debido a la enorme cantidad de documentación intervenida, se sigue analizando toda la información recabada, continuando la investigación abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.

La Guardia Civil obtuvo a través de distintas vías nuevas informaciones que conllevaron un análisis detallado en una investigación que se ha prolongado más de nueve meses. Como consecuencia de estas informaciones se creó un Equipo conjunto de trabajo entre el Área de Personas y el Equipo de la Mujer y el Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla.