La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio contra el dueño de un bar de Marín que agredió a un cliente discapacitado invitándolo a «jugar» a un juego en el que ambos debían de darse bofetadas y en el que, le dijo, podía ganar un jamón. La mofa del hombre fue presenciada por el resto de clientes del bar sin que ninguno lo denunciase y llegó a grabarse en vídeo.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023, cuando el hombre se encontraba en el bar que regenta en Marín y en el que la víctima, con más de un 70% de discapacidad intelectual, era «cliente habitual».

Con la intención de mofarse del hombre, el procesado le propuso «un juego consistente en darse bofetadas mutuamente», sabiendo que la víctima «no podía comprender el alcance del juego, ni sus consecuencias».

«En el desarrollo del juego, el acusado, con la intención de menoscabar su integridad física, le propinó diversos golpes a la víctima, quien bajo la creencia de que se trataba de un juego y que podría obtener un jamón en caso de ser el ganador, devolvió alguno de los golpes recibidos», recoge el escrito de acusación fiscal. El juego se desarrolló en presencia de los clientes que allí se encontraban, y que, «en tono jocoso, le daban indicaciones al perjudicado de como tenía que golpear, o la postura corporal que debía adoptar para encajar mejor el golpe».

En un momento dado, el acusado le propinó una fuerte bofetada a la víctima, provocando su pérdida de equilibrio y su caída al suelo. El acusado, cree Fiscalía, «ejecutó este juego con pleno aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y con la intención de mofarse de él ante los clientes que se encontraban en ese momento en el interior del bar, generando una situación de vejación y degradación».

Estos hechos fueron grabados por uno de los presentes en el bar, sin autorización del perjudicado y sin que conste identificada la identidad de la persona que procedió a su filmación. El vídeo fue difundido entre parte de la población de la localidad de Marín.

Fue precisamente una sobrina de la víctima, que vio el vídeo, la que interpuso la denuncia.

El Ministerio Público considera estos hechos constitutivos de un delito leve de maltrato cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales, con agravante de discriminación por discapacidad. Pide para el procesado un año y cuatro meses de prisión y multa, así como una indemnización de 4.000 euros para el perjudicado.