La conselleira de Vivenda e Planificación de Infrestruturas, María Martínez Allegue, ha contrapuesto los decretos «improvisados y electoralistas» del Gobierno central con los «presupuestos históricos» en vivienda de la Xunta, que alcanzarán 520 millones, «un 50% más».

Así lo ha trasladado este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PP Moisés Rodríguez, en la que ha criticado la aprobación de los dos reales decretos estatales, que recogen 21 medidas, «por la falta de consenso y planificación».

En esta línea, ha cuestionado que se impulsen «nuevas obligaciones sin la financiación necesaria» para las administraciones encargadas de asumirlas. A este respecto, ha incidido en que la situación de la vivienda requiere diálogo, recursos económicos y medidas eficaces.

Allegue ha advertido de que los decretos no ofrecen respuestas suficientes a la principal preocupación de la ciudadanía y ha insistido en que las medidas propuestas vuelven a apostar por fórmulas que, según ha señalado, no consiguieron resolver el acceso a la vivienda ni incrementar la oferta disponible.

«Es decir: volver a la misma receta que no consiguió resolver el acceso a la vivienda y que no puso más hogares a disposición de la ciudadanía», ha sostenido.

Dicho esto, ha subrayad que las prórrogas obligatorias de los alquileres, una vez cumplidos los cinco años, las indemnizaciones previstas que no prorroguen los contratos en los supuestos establecidos, y la prolongación hasta 2030 de la supensión de los desahucios «no ofrecen una respuesta eficaz al problema de la vivienda, al no contribuir a incrementar la oferta de inmuebles disponibles».

La conselleira ha defendido la necesidad de proteger a las familias vulnerables, pero ha señalado que esta responsabilidad no puede caer indefinidamente en los propietarios ni trasladarse a las comunidades autónomas sin financiación suficiente para asumir las nuevas obligaciones.

Asimismo, ha puesto el acento en como estos decretos suponen «más intervención del Gobierno en la propiedad privada, más inseguridad jurídica, más populismo y muy pocas soliciones para el problema principal de faltan de viviendas».

ZONAS TENSIONADAS

En intervención, Allegue cuestionó también que los decretos aprobados el miércoles en el Consello de Ministros «premien» a las comunidades autónomas que impulsan zonas tensionadas, mediante mayores bonificaciones fiscales, y condicionen a estas declaraciones el acceso a nuevos fondo estatales para vivienda.

La conselleira ha considerado que esta fórmula discrimina a las administraciones que realizan esfuerza para facilitar el acceso a la vivienda sin aplicar ese modelo, incidiendo en las críticas a la eficacia de las zonas tensionadas para incrementar la oferta residencial y reducir los precios de alquiler.

Frente a la falta de presupuestos del Gobierno central, la conselleira ha defendido la necesidad de planificación, financiación y medidas que permitan aumentar el número de viviendas disponibles.

Allegue ha reivindicado así el compromiso presupuestario de la Xunta, que elevará hasta los 520 millones los recursos destinados a la vivienda, un 50% más que los presupuesos del pasado ejercicio.