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Suspendida la audiencia previa en Lugo por una presunta estafa de 106.117 euros en la venta de una cisterna agrícola

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La audiencia previa para llegar a un acuerdo sobre una presunta estafa relacionada con la venta de una cisterna agrícola procedente del Reino Unido ha sido suspendida este miércoles en la Audiencia Provincial. La vista ha sido señalada de nuevo para el mes de noviembre y, en caso de que no se alcance un acuerdo, el juicio se aplazará a diciembre.

La incomparecencia del abogado de la defensa y del acusado, que han solicitado por escrito la suspensión, ha sido el motivo de la decisión del tribunal, que ha explicado en sala que el acusado se encuentra en Cataluña y no ha podido desplazarse hasta Lugo debido al temporal. Por su parte, el abogado defensor también ha alegado que no ha dispuesto de tiempo suficiente para hacerse cargo del caso y preparar la defensa.

El procedimiento se centra en una operación de compraventa de una cisterna agrícola de la marca Joskin, modelo Penditwist 15, anunciada en la plataforma Milanuncios. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado habría ofrecido la maquinaria y negociado su venta con un comprador interesado, al que habría asegurado que recibiría el vehículo en su domicilio y que se emitiría la correspondiente factura.

De acuerdo con la acusación, el comprador realizó una transferencia bancaria de 106.117 euros el 31 de diciembre de 2024 a una cuenta de Bankinter cuyo titular era el acusado. Sin embargo, la cisterna no habría sido entregada y el dinero tampoco habría sido devuelto.

El escrito fiscal sostiene además que el comprador tuvo que asumir los gastos del transporte de la máquina desde el Reino Unido hasta España y otros costes asociados, que cifra en un total de 180.000 euros. La parte perjudicada reclama la restitución de las cantidades abonadas y la correspondiente indemnización.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos podrían constituir un delito de estafa y solicita una pena de cuatro años de prisión, una multa de 1.800 euros y el abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama una indemnización de 106.117 euros, además de los intereses correspondientes.

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