Cinco acusados de la trama de prostitución en chalés de Vigo liderada por el armador del Simione han aceptado penas de entre nueve meses y un año y nueve meses de cárcel por delitos contra los ciudadanos extranjeros, de explotación sexual y de pertenencia a grupo criminal, pese a que inicialmente Fiscalía solicitaba hasta 47 años de prisión.

La vista de conformidad se ha llevado a cabo este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde cinco de los seis acusados han reconocido los hechos, mientras que la sexta procesada quedó absuelta.

De esta manera, tanto Pablo G.F. como la que era su pareja fueron condenados a una pena de prisión de un año y nueve meses por tres delitos de explotación sexual, un delito contra los ciudadanos extranjeros y otro delito de pertenencia a grupo criminal. Además, tendrán que abonar multas que ascienden a más de 2.300 euros y disolver las dos sociedades que utilizaban para cometer estos delitos.

El resto de condenadas aceptaron penas de entre nueve meses y un año y tres meses. Asimismo, entre todos deberán pagar indemnizaciones a las víctimas que suman más de 18.000 euros.

Pese a todo, se ha acordado también la suspensión de las penas de prisión durante tres años si no vuelven a delinquir durante ese periodo.

HECHOS

Los hechos ocurrieron entre principios de 2020 y finales de 2021, período en el que Pablo G.F. (armador del buque Simione y condenado recientemente a 12 años de prisión por narcotráfico), a través de varias sociedades, alquiló dos chalés (en las calles Ricardo Mella y en Tomás Alonso) y un local de la calle Pizarro, en Vigo, donde decenas de mujeres extranjeras, la mayoría en situación irregular, ejercían la prostitución y eran sometidas a condiciones abusivas.

El escrito de acusación de la Fiscalía señalaba que el cabecilla y su pareja ejercían el control de la actividad en los chalés y en el local, facilitaban el traslado de las víctimas a Vigo, les hacían contratos de subarrendamiento de las habitaciones e imponían las normas, mientras que las otras cuatro acusadas ejercían funciones de ‘encargadas’, quedando finalmente una de estas mujeres absuelta.

Así, la trama empleaba medios «coactivos» para obligarlas a ejercer la prostitución, reteniéndoles las ganancias, obligándolas a vender droga a los clientes, o incluso a consumirla ellas mismas para soportar jornadas maratonianas sin descanso. El ministerio público relata en su escrito condiciones de hacinamiento, explotación sexual en condiciones de mala salud, disponibilidad las 24 horas, y otras penalidades.

En los registros de los chalés y el local, la Policía identificó a casi una cincuentena de mujeres, y se incautó de diversas cantidades de cocaína, así como más 8.600 euros en efectivo, documentos, libretas con anotaciones, teléfonos y otros efectos.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para Pablo G.F. penas que suman 47 años de prisión y para su pareja algo más de 46 años; también pedía penas que oscilan entre 21 años y 21 meses de cárcel para las otras cuatro acusadas. Sin embargo, finalmente las penas impuestas fueron muy inferiores.