La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este lunes la vista en la que previsiblemente se sellará un acuerdo de conformidad, contra Pablo G.F., armador del buque Simione y condenado recientemente a 12 años de prisión por narcotráfico (en el buque se intervinieron casi tres toneladas de cocaína). En esta ocasión, está procesado junto a la que era su pareja y a otras cuatro mujeres por delitos de prostitución, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron entre principios de 2020 y finales de 2021, período en el que Pablo G.F., a través de varias sociedades, alquiló dos chalés (en las calles Ricardo Mella y en Tomás Alonso) y un local de la calle Pizarro, en Vigo, donde decenas de mujeres extranjeras, la mayoría en situación irregular, ejercían la prostitución y eran sometidas a condiciones abusivas.

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el cabecilla y su pareja ejercían el control de la actividad en los chalés y en el local, facilitaban el traslado de las víctimas a Vigo, les hacían contratos de subarrendamiento de las habitaciones e imponían las normas, mientras que las otras cuatro acusadas ejercían funciones de ‘encargadas’.

Así, la trama empleaba medios «coactivos» para obligarlas a ejercer la prostitución, reteniéndoles las ganancias, obligándolas a vender droga a los clientes, o incluso a consumirla ellas mismas para soportar jornadas maratonianas sin descanso. El ministerio público relata en su escrito condiciones de hacinamiento, explotación sexual en condiciones de mala salud, disponibilidad las 24 horas, y otras penalidades.

En los registros de los chalés y el local, la Policía identificó a casi una cincuentena de mujeres, y se incautó de diversas cantidades de cocaína, así como más 8.600 euros en efectivo, documentos, libretas con anotaciones, teléfonos y otros efectos.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para Pablo G.F. penas que suman 47 años de prisión y para su pareja algo más de 46 años; también pedía penas que oscilan entre 21 años y 21 meses de cárcel para las otras cuatro acusadas. Sin embargo, todo hace prever que las partes han llegado a un acuerdo y que los acusados se conformarán con penas muy inferiores, de manera que no será necesaria la celebración del juicio.