La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aprecia que los presupuestos de la Xunta para 2027 contemplen la subida salarial para los empleados públicos, que la organización trata de que sea aprobada por el Gobierno central antes de las elecciones. A su vez, denuncia falta de negociación de los presupuestos gallegos y de la ley que los acompaña, motivo por el que ayer votó en contra de esta última en la Comisión de Personal.

Según recoge el CSIF, los presupuestos presentados por el Ejecutivo de Alfonso Rueda contemplan una subida salarial del 4,5 % para 2027, con efectos desde el 1 de enero, y el abono de un 0,5 % adicional correspondiente a 2026, también con efectos desde el 1 de enero de ese año.

Ambos incrementos forman parte del acuerdo firmado por CSIF con el Gobierno de España en noviembre de 2025. Para garantizar su aplicación, CSIF pedirá el próximo martes, 20 de octubre, que el Gobierno central apruebe mediante real decreto-ley la subida salarial de 2027 y que la Diputación Permanente del Congreso la convalide antes de las elecciones.

La petición se planteará en la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco, convocada por Función Pública a instancias del sindicato, siempre según la información trasladada por CSIF. «Aunque la Xunta ha previsto los fondos necesarios, los incrementos no podrán hacerse efectivos hasta que se apruebe y publique en el Boletín Oficial del Estado la norma estatal que los habilite», recalca en un comunicado.

Respecto a las cuentas autonómicas, también resalta que incluyan las partidas necesarias para cumplir los acuerdos sectoriales de educación, sanidad, justicia y Administración general. Además, CSIF exigió recuperar el Fondo de Acción Social en las condiciones anteriores a los recortes de 2012, poner fin a las suspensiones de acuerdos y derechos laborales que se mantienen desde entonces y revisar los servicios considerados prioritarios para la cobertura de vacantes, incluyendo el de guardacostas.

«SIN TIEMPO SUFICIENTE PARA ESTUDIAR LAS PROPUESTAS»

Por otra parte, la organización sindical denuncia que la Xunta tramitó tanto los presupuestos como la Ley de medidas fiscales y administrativas para 2027 «sin facilitar a los sindicatos tiempo suficiente para estudiar las propuestas».

En el caso de los presupuestos, asegura que la Dirección Xeral de Emprego Público remitió la documentación «con menos de 24 horas de antelación y sin incluir las disposiciones adicionales del proyecto de ley», que pueden contener regulaciones importantes para el personal autonómico.

«La situación se repitió con la ley, cuyas modificaciones en materia de empleo público fueron presentadas también con menos de 24 horas para su análisis, y sometidas a votación ayer en la Comisión de Personal», añade. Al considerar «inadmisible» esta circunstancia, decidió votar en contra de la norma en la Comisión de Personal.