Un informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) constata en 2025 en Galicia un aumento de la población en riesgo de pobreza hasta el 22,1%, tres puntos más que el año anterior. Aunque empeora en todos los grupos de edad, existen «datos preocupantes» dentro del colectivo de personas entre 18 a 29 años, entre las que la tasa se dispara en diez puntos del 18,8% al 27,6%.

La vivienda es uno de los principales factores que han influido en el aumento de la pobreza juvenil, también influenciado por el mercado laboral y la salud mental. Entre otras cifras, un 62,7%, es decir, dos de cada tres personas de entre 18 y 34 años vivía en 2025 en el hogar familiar. La emergencia habitacional también ha impactado sobre el crecimiento general, según recoge el ‘XVI Informe do Estado da Pobreza en Galicia 2026’.

Estas son algunas de las conclusiones que este viernes han dado a conocer en Santiago la presidenta de la entidad, Ana Pardo; el director de la misma, Xosé Cuns, y la autora del informe, Nerea Rivero. «Queremos ser prudentes, pero sin dejar de mostrar la preocupación que supone que un 22,1% de la población gallega, 600.000 hombres y mujeres estén riesgo de pobreza o de exclusión», ha trasladado Pardo.

Al contrario que el año pasado, Galicia es la comunidad en la que más se incrementa esta tasa dentro del Estado. La diferencia con 2024 supone 91.000 personas más en esta situación. A pesar de esto, el nivel de la tasa gallega sigue siendo inferior al medido hasta 2023 y se mantiene 3,6 puntos por debajo del promedio estatal (25,7%).

IMPACTO DE LA VIVIENDA

La incidencia de la vivienda puede leerse en varios indicadores del estudio, elaborado principalmente a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ejemplo, los hogares gallegos alcanzaron por primera vez desde la crisis del covid-19 el pico más alto de gasto medio en vivienda sobre el total, un 31,5%. Es la segunda cifra más alta de la década, solo superada por el 31,8% de 2020.

Otro de los indicadores refleja que el 47,1% de las personas que viven en alquiler están en riesgo de pobreza frente al 15,7% de aquellas que tienen un inmueble en propiedad. «Estamos viendo cómo la vivienda es un factor de empobrecimiento, pero principalmente para las personas que viven de alquiler», explica Rivero.

Aunque mejoró en los últimos años, se mantiene elevado el porcentaje de personas que no puede mantener su casa adecuada en invierno, que se sitúa en un 16,3%. Al mismo tiempo, el 24,8% de los hogares manifiesta tener humedades. Además, aumentaron a 8,5% los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o compras a plazos, si bien este dato se mantiene por debajo de los de 2022 y 2023.

Aparte de la vivienda, otra cuestión que «preocupa» entre el equipo de AEPN de cara a entender el aumento de la pobreza es un ligero crecimiento de la desigualdad, estimado a partir del índice de Gini, que la cuantifica en relación a la redistribución de la riqueza. Este indicador creció en 1,6 puntos hasta el 28,4%. «Nos hace pensar que pueden estar fallando las políticas distributivas de la renta en Galicia», valora la autora del informe.

LLAMADA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En relación a estas conclusiones, la presidenta del organismo verbaliza su preocupación por que, de no «ahondar» en «políticas que demostraron su éxito» –como el acceso a la vivienda o la redistribución–, Galicia regrese a tasas de pobreza superiores al 25%. «Sabemos que no es casualidad, los indicadores mejoran cuando cuando hay voluntad política y compromiso presupuestario por parte de las administraciones», recalca.

La entidad insiste en reclamar la modificación de la Ley de inclusión social de Galicia para garantizar la Risga y su complementariedad con el ingreso mínimo vital (IMV); el apoyo específico a las familias monoparentales, con más de 25.000 personas en pobreza, y una prestación universal por crianza, que solicita al futuro Gobierno estatal.

Ana Pardo también insiste en la situación de emergencia habitacional, dentro de la que exige compromiso presupuestario, coordinación entre las administraciones, actuación sobre las causas y no sobre las consecuencias y diálogo civil con las entidades del tercer sector.