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Miranda (BNG) traslada en la Comisión Europea «los problemas ambientales y sociales» de las minas de Touro y Doade

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La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha trasladado a los responsables de proyectos estratégicos de la Comisión Europea «los problemas ambientales y sociales» de las minas de Touro y Doade, en concreto, los relativos a «los criterios ESG» para que se les otorgue la condición de proyecto estratégico.

Según ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, en un encuentro este martes con los máximos responsables sobre proyectos estratégicos de la Dirección General de Mercado Interno, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, Ana Miranda ha explicado que la mina de Touro-O Pino «había sido rechazada por la propia Xunta» al «no contar con el permiso ambiental y que ahora el Gobierno gallego debe evaluar de nuevo todo el proceso sobre su autorización».

Además, la representante del Bloque también ha presentado la «evaluación medioambiental negativa de los expertos independientes en el 2025» para la mina de Doade.

«Estas deficiencias muestran que los proyectos no cumplen con las garantías medioambientales necesarias para contar con la categoría de Proyecto Estratégico por parte de la Comisión Europea», ha remarcado Miranda, que ha denunciado que los responsables de la Comisión le trasladaron que «no contaron con toda la información para adoptar la decisión de hace unos días».

Tal y como ha apuntado Miranda, la reapertura de la mina de Touro-O Pino «afectaría a cerca de 200 explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran en su entorno», además de «contaminar las aguas superficiales y soterradas necesarias para la viabilidad de estas explotaciones». En esta línea, la eurodiputada ha recordado que ha habido «1.500 alegaciones de vecinos y colectivos locales» contra este proyecto.

En todo caso, Miranda ha asegurado que los responsables de la Comisión Europea han avanzado que en el mes de marzo harán «una nueva evaluación» sobre estos proyectos y ha señalado que enviará en los próximos días la documentación «que la Xunta y el Gobierno no aportaron en materia de sostenibilidad y protección medioambiental», así como «sobre el criterio de respaldo social».

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