El Gobierno gallego ha acometido el desarrollo del título II de la Lei de Xuventude de Galicia para «mejorar la calidad» de los servicios de ocio y tiempo libre que se prestan a la juventud de la comunidad con medidas para «incrementar el número de monitores en los campamentos o flexibilizar los requisitos para poder ejercer este trabajo».

Así se recoge en el proyecto de decreto con el que se actualiza el segundo título de esta normativa que fue analizado en el Consello da Xunta y que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia «después de un largo proceso de participación y diálogo con los agentes implicados a través de distintos espacios como reuniones, sesiones de trabajo, un buzón o foros.

El objetivo, según ha explicado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha comparecido ante la ausencia de Alfonso Rueda –de viaje en Bruselas– y acompañado del titular de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, es «actualizar y adaptar la normativa a las necesidades surgidas en los últimos años».

El resultado es un documento «amplio y técnico» que moderniza el decreto del año 2000 incorporando cambios relativos a la tipología de actividades, al ejercicio profesional, al sistema de ratios o a las medidas de protección a la infancia. «Queremos mejorar la calidad, la atención y la inclusión en las actividades de ocio y tiempo libre como campamentos o granjas-escuela en nuestra comunidad», ha indicado López Campos.

En este sentido, una de las principales novedades se centra en la ampliación significativa de las posibilidades de acceso al ejercicio profesional en el ámbito del ocio y el tiempo libre. Hasta ese momento, la habilitación para ejercer como monitor o monitora o como personal directivo provenía exclusivamente de los títulos expedidos por las escuelas de tiempo libre.

Con esta modificación, se amplían las acreditaciones válidas, y se admiten además certificados profesionales, títulos de la formación profesional o titulaciones educativas que incorporen íntegramente las cualificaciones profesionales correspondientes.

De este modo, se «armonizan» las competencias con las del resto del Estado, al tiempo que se amplía el acceso a la profesión y se facilita que todas las personas cualificadas para este trabajo puedan llevarlo a cabo.

NUEVAS RATIOS

Además, el nuevo desarrollo «establece nuevas ratios» para que el número de monitores varíe, tal y como ha explicado el conselleiro de Cultura, en función «de la edad de los participantes, el tipo de actividad o si hay menores con necesidades de apoyo».

De este modo, se crearán dos grupos diferenciados. El primero de ellos, específico para aquellas actividades sujetas a declaración responsable, incluirá unas ratios de una persona cada ocho participantes menores de nueve años, que se elevará hasta diez en el caso de niños por encima de esta edad.

En el caso de aquellas actividades que no necesiten de declaración responsable se exigirá una persona por cada 10 chicos de menos de 9 años, y una persona por cada 15 niños o niñas de más edad.

ATENCIÓN A LA INCLUSIÓN Y ENVÍO DEL ‘CARNÉ XOVE’

Estas ratios podrán variar en caso de que haya participantes con discapacidad que precisen apoyo. De este modo, cada caso deberá ser evaluado de manera específica para sopesar la mejora del equipo de trabajadores en función de las necesidades con el fin de dotarlo del personal necesario, con la formación y experiencia adecuadas, para garantizar su inclusión y participación efectiva.

Además de estos cambios sustanciales, la nueva regulación también atiende a la tipología de las actividades, incorporando nuevas categorías que no existían en el anterior decreto, pero que están ya consolidadas como pueden ser los campamentos urbanos, los talleres o las excursiones, y a los requisitos de las instalaciones juveniles al introducir regulación detallada que contribuya a garantizar el bienestar de los usuarios y la calidad del servicio prestado.

Finalmente, el decreto eleva a rango normativo la práctica del envío de oficio del ‘Carné Xove’ a quienes hayan cumplido 12 años en el último año, regulación que no existía en la anterior normativa de la Lei de Xuventude de 2012.