El Gobierno autonómico actualizará la normativa que regula la convivencia en las aulas con novedades encaminadas a que Galicia sea «la primera en proteger la autoridad» docente, de forma que la agresión a un profesor por parte de padres, responables legales e incluso de los propios alumnos podrá suponer una multa de hasta 15.000 euros.

Lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha sustituido al presidente autonómico, Alfonso Rueda, de viaje institucional en Bruselas.

En la comparecencia de prensa en la que ha anunciado estas posibles sanciones por agresiones en el ámbito educativo, Calvo ha explicado que estas multas se canalizarán a través de una Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo en el que los docentes recibirán asesoramiento jurídico, acompañamiento en el caso de interponer denuncia y apoyo psicológico si es preciso.

«La respuesta, como es obvio, se adaptará a la gravedad de cada situación», ha indicado Calvo, antes de precisar que cada caso será evaluado de forma específica.

Habrá más cambios normativos –que se explicitarán en la próxima ley de medidas que acompañará a los Orzamentos para 2027– y, demás de crear una categoría intermedia entre las conductas leves y las muy graves en las aulas, se «actualiza» la definición de las consideradas como «de mayor gravedad», incluyendo expresamente las amenazas, vejaciones, violencia machista o acoso.

Según ha indicado el conselleiro, «cuando se incurra e uno de estos inadmisibles comportamientos», la sanción podrá ser la expulsión del centro y, si se produce en la etapa de enseñanza obligatoria, el «cambio forzoso» del mismo.

Además, «se reforzará la finalidad educativa de las sanciones, haciendo hincapié en que el alumnado acepte las consecuencias y repare el daño causado».

(Habrá ampliación)