La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha aplazado hasta el próximo año el juicio contra la diseñadora gallega Kina Fernández, las dos hijas de su matrimonio y un gestor financiero como presuntos autores de un alzamiento de bienes a raíz del concurso de la sociedad Volvoreta, ya disuelta. En la causa, también estaba imputado su marido, que ya ha fallecido.

El motivo del aplazamiento ha sido la imposibilidad de comparecencia de uno de los abogados de la defensa debido a un permiso de paternidad. Respecto a la fijación de una nueva fecha para la vista, el magistrado presidente ha avanzado en Sala que «se celebrará el año que viene, a partir de febrero o marzo».

Fiscalía reclama para cada uno de los procesados siete años de prisión, así como una indemnización conjunta por dos millones de euros al no hacer frente a sus deudas con los acreedores, principalmente Hacienda.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de Kina Fernández ha manifestado que solicita para su cliente la libre absolución. «Es inocente», ha recalcado.

En la misma línea, el letrado del gestor financiero encausado ha señalado que pide para su defendido lo mismo. «Era un empleado, no tuvo ningún tipo de beneficio económico», ha expuesto para añadir que «si él es cooperador necesario lo serían también el resto de administrativos».

Inicialmente, estaban imputadas por esta causa dos empresas, las cuales han quedado fuera del procedimiento. Por una parte, Fiscalía ha retirado la acusación sobre la entidad Volvoreta S.L. al considerar que «no existen los elementos necesarios para mantener dicha acusación», ha apuntado la representante del Ministerio Público en Sala.

Mientras, la acusación particular ejercida por la Seguridad Social la ha retirado respecto a la Sociedad Rúa Real «por las mismas razones» que Fiscalía, según ha señalado la abogada en su intervención. No obstante, ambas han mantenido la petición de responsabilidad civil.

HECHOS

Según el escrito fiscal, el matrimonio fue administrador de la empresa téxtil Volvoreta, la cual en 2010 entró en concurso de acreedores, a raíz de lo que «se produce una secuencia de hechos dirigida a evitar el cumplimiento» de la sociedad y ambas personas físicas «de sus obligaciones con los acreedores».

En él, Fiscalía sostiene que, «cuando menos», entre enero de 2010 y febrero de 2013, Kina Fernández y su marido «realizaron todo tipo de actuaciones encaminadas a colocarse en situación de insolvencia y a no cumplir lo aprobado en la citada resolución aparentando, así, una insolvencia de la sociedad para no hacer frente a los pagos acordados».

Para ello, argumenta, contaron «con el asesoramiento» de un encargado de gestión financiera en Volvoreta y con la participación de sus dos hijas, también acusadas.

El relato de acusación apunta que el matrimonio empleó las empresas a nombre de sus hijas (Vidalbugaba SL, Kaefe Madrid SL, Galitex, Ruarel SL y Rafflesia) para «desviar la actividad y facturación» de Volvoreta, pues sus ventas se incluían en el plan de pagos diseñado en el concurso de acreedores.

De tal forma, Volvoreta cesó en el arrendamiento de varias tiendas de modo que las empresas de las hijas del matrimonio pasaron a «explotar dichos establecimientos sin que conste pago de traspaso o cesión».

Los acusados entregaban sus productos a tiendas de sus hijas «sin emitir factura y realizando así una desaparición de existencias», sostiene el escrito fiscal. Pone como ejemplos tiendas en Lugo, Murcia, Madrid, A Coruña y Culleredo en las que, añade, se usó la «misma mecánica».

«Lo que se produce con este actuar es una desviación de toda la actividad de Volvoreta mediante la cesión de tiendas a terceras entidades y de la actividad mercantil», sostiene Fiscalía.

DE MÁS DE 20.000 PRENDAS A SOLO 1.600

Y es que el plan de viabilidad recogía, a fecha abril de 2011, existencias de 20.658 prendas por valor de cerca de dos millones de euros, pero cuando se inició la liquidación tras el incumplimiento del convenio, a fecha mayo de 2014, tan solo había 1.603 prendas, «sin que conste el destino de las mismas ni importe recibido por su venta».

Paralelamente, Kina Fernández y su pareja desviaron su patrimonio inmobiliario con enajenaciones de activos en favor de la sociedad Galitex. Con este proceder figura una vivienda valorada en 400.000 euros, plazas de garaje, un trastero y participaciones transmitidas, entre otras maniobras supuestamente fraudulentas.

Desde 2011 el matrimonio no hizo frente a «pago alguno» de las deudas que mantenía con la Agencia Tributaria, Seguridad Social ni demás acreedores.

PETICIÓN DE CONDENA

Por todo ello, se piden siete años para Kina Fernández y su pareja, así como para sus dos hijas y el gestor como cooperadores necesarios. También se requiere una pena de multa para la sociedad Volvoreta por estos hechos.

Además de una indemnización conjunta por dos millones de euros, procede, especifica el escrito, «declarar la nulidad de los actos fraudulentos realizados a través de escrituras públicas y participaciones sociales» y «subsidiariamente, en caso de que no sea posible, los acusados indemnizarán de forma conjunta a favor de los acreedores».