La CIG ha arrancado este jueves los actos y movilizaciones previas a la huelga general prevista para el 11 de noviembre con asambleas comarcales de delegados y protestas delante de los edificios de la Xunta para denunciar la «inacción y pasividad» del Gobierno gallego ante la «situación de emergencia social que padece la clase trabajadora gallega» y para demandar un Plan de choque que haga frente a la «insoportable» subida de los precios, así como para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Enmarcada en la campaña lanzada por la central sindical en septiembre bajo el lema ‘A subida dos prezos que a pague o capital’ y que contempla 10 medidas urgentes en diferentes ámbitos, las asambleas han servido para analizar y debatir las principales propuestas del sindicato, al tiempo que se ha abordado la convocatoria de huelga.

En Vigo, el secretario xeral, Paulo Carril, ha exigido un cambio «radical» en las políticas de los gobiernos español y gallego y ha apelado a la necesidad de que el paro convocado sea «total» en Galicia para evidenciar que «otras políticas son posibles».

Políticas que, para la CIG, deberían materializarse en un Plan de choque que, entre otras cosas, contemple paralizar el aumento del gasto militar para dedicarlo a la protección social, a los servicios públicos y a contar con un sistema público gallego de atención a las personas de calidad; intervención pública en los sectores estratégicos garantizar unos mínimos de bienestar social; y fijar el SMI en 1.374,74 euros mensuales con carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2026 para cumplir la Carta Social Europea.

En materia de vivienda, la CIG apuesta por prohibir los desahucios y proteger a las personas con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca y congelación de las rentas de los alquileres y de las subidas de intereses hipotecarios, así como la puesta inmediata de las viviendas de la Sareb a disposición de personas y colectivos necesitados, limitar los alquileres de los grandes propietarios y crear de un Banco Galego de Vivenda para alquiler social.

En cuanto al sector alimentario, las medidas pasarían por establecer precios populares para los productos básicos y precios justos para las personas productoras e impedir la especulación de determinadas empresas del comercio alimentario.

Por último, Carril ha incidido en que «esta huelga general tiene que servir en Galicia también para darle un impulso a muchos convenios colectivos que se están negociando en sectores muy importantes, como el comercio de alimentación de las provinciales de A Coruña y Lugo y del metal y del comercio del metal de la provincia de Lugo».