Un error en las plataformas de intercambio de documentación entre administraciones (en concreto, entre Galicia y Castilla-La Mancha) ha terminado en la retirada de un permiso a la planta de biodiesel de Curtis, en concreto la autorización que tenía para destinar a Exolum Corporation, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), producto del obtenido en la localidad coruñesa.

Por ese «error», un informe que emitió el Gobierno de Castilla-La Mancha «nunca fue recibido» en la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta, según recoge una resolución de este departamento cuyo anuncio publica este jueves el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Así las cosas, la resolución revisa la autorización ambiental integrada otorgada a Biovigo Energy, para la planta de producción de biodiésel en el ayuntamiento de Curtis.

Al respecto, recoge que en abril de 2025 la compañía solicitó la autorización de nuevos destinos para el biodiésel obtenido en Curtis. A continuación, la Xunta solicitó informe a las comunidades autónomas de las instalaciones de destino solicitadas, entre las cuales se incluyó la de Castilla-La Mancha.

«Transcurrido un mes desde la solicitud del informe y al no tener constancia de pronunciamiento expreso en contra por parte de Castilla-La Mancha (…) se entendió emitido el informe favorable», indica el texto al que da publicidad este jueves el DOG.

En noviembre de 2025 se dictó la resolución por la que se revisaba la autorización ambiental integrada (AAI) para autorizar nuevos destinos para el biodiésel obtenido en la planta de Curtis y entre ellos se incluía la instalación de Exolum Corporation en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

ERA SUBSANABLE PERO NO CONSTA RESPUESTA

Sin embargo, en enero de este año, la Xunta recibió informe de la Dirección General de Economía Circular de Castilla-La Mancha en el que indicó que en junio de 2025, dentro del plazo de un mes establecido, había emitido un informe negativo subsanable «en el que se constataba la falta de documentación relativa al fin de condición de residuo».

Por error, nunca se recibió, pero «entendiendo que el informe negativo subsanable de Castilla-La Mancha fue emitido dentro del plazo legalmente establecido», el pasado mes de abril se requirió a Biovigo Energy que presentara la documentación solicitada por esa comunidad autónoma en 15 días.

«No consta a fecha actual respuesta del titular a dicho requerimiento de documentación», apunta la resolución. Después, en julio, la Xunta puso a disposición de la empresa la notificación del trámite de audiencia para que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones «que estimase pertinentes», antes de efectuar la propuesta de resolución de revisión de la autorización ambiental integrada. «La empresa accedió a esta notificación el 13 de julio y no presentó alegaciones», señala.