El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles siete millones de euros para ayuntamientos que hagan vivienda pública de titularidad municipal. El importe de la subvención podrá alcanzar hasta 80.000 euros por inmueble.

«Serán viviendas públicas –en alquiler, según fuentes de la Xunta– que se distribuirán a través del Rexistro de Demandantes. Seguiremos ayudando a los ayuntamientos que quieran colaborar con nosotros», ha sentenciado, en el marco de la sesión de control del pleno de este miércoles, que ha estado empapada del clima electoral que propicia la convocatoria de los comicios generales del 29 de noviembre.

En esta coyuntura, tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como su homólogo en el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han atizado a Rueda por las dificultades para acceder a un hogar en Galicia –ambos le han agitado un llavero, emulando el gesto de miles de personas que participaron en días pasados en las protestas en defensa del derecho a tener una vivienda digna–.

Y mientras sus rivales le acusaban de favorecer «el negocio» de la especulación y le afeaban «propaganda» en relación a pisos construidos, el presidente gallego ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, más en detalle, contra los decretos estatales de vivienda.

Rueda ha replicado que en el barrio compostelano de Lamas de Abade sí que sonaron llaves la semana pasada con las viviendas que «cambiaron la vida a 24 familias» y ha sido claro en que él prefiere «ladrillo, construcción, promesas cumplidas y cambios de vida», al tiempo que instaba a sus rivales políticos a «seguir con populismo, demagogia y decretos trapalleiros».

Y si Pontón y Besteiro le han echado en cara incumplir promesas sobre viviendas públicas construidas, ha replicado que no es que la Xunta «tenga en marcha 4.000, sino 4.670» en este año 2026. «De ellas, 2.100 han sido licitadas este mismo año, y 600 las vamos a licitar antes de que acabe 2026. Unas 1.860 están en construcción y entregamos 100 con su ausencia», ha agregado el presidente.

A todo ello, ha sumado «las más de 20.000 que se harán en colaboración público-privada en esas urbanizaciones» que hace la Xunta a través de los proyectos de interés autonómico (PIA) que, ha denunciado, el BNG «se está encargando de intentar boicotear».