La Xunta ha iniciado este martes en el Parlamento la tramitación de la ley contra el acoso y la violencia digital, la primera de España y Europa, que contempla entre otras medidas, un servicio gratuito de borrado de huella digital y asistencia jurídica gratuita a las víctimas sin necesidad de denuncia previa.

La oposición, por su parte, ha coincidido en considerar «insuficiente» el proyecto y ha reclamado que concrete recursos, obligaciones y mecanismos de actuación. Por ello, tanto BNG como PSdeG han presentado sendas enmiendas a la totalidad, que no han salido adelante.

La conselleira de Política Social, Igualdade e Xuventude, Fabiola García, ha defendido que la norma pretende dar una respuesta integral a una forma de violencia «cada vez máis frecuente» y que afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes, aunque también contempla la protección de otros colectivos vulnerables, como personas menores, con discapacidad y LGTBI.

Durante su comparecencia, ha explicado que el proyecto establece cuatro objetivos: fijar los principios de actuación de la Xunta en esta materia; regular medidas de sensibilización, prevención y detección; promover la formación del personal público y de las fuerzas y cuerpos de seguridad; y establecer medidas de protección y apoyo a las víctimas.

Entre las principales medidas figura la inclusión obligatoria de contenidos de competencia digital en los currículums de todas las etapas educativas no universitarias, así como la aprobación de un plan integral contra el acoso y el ciberacoso. También prevé acuerdos con empresas para establecer mecanismos «ágiles» y «urgentes» de denuncia y retirada de contenidos relacionados con estas violencias.

La norma contempla además la puesta en marcha de un servicio gratuito de borrado de la huella digital para eliminar materiales utilizados como instrumento de acoso o violencia, así como otro servicio de apoyo técnico e información para prevenir nuevos ataques. Las víctimas tendrán acceso desde el primer momento a información, orientación y apoyo jurídico, sin que sea necesaria una denuncia previa.

El proyecto incorpora asimismo una guía sobre los derechos de las víctimas, pautas de seguridad informática y recomendaciones para conservar evidencias digitales, además de campañas de sensibilización y formación específica para el personal de la Xunta. La conselleira ha señalado que más de 200 profesionales ya han recibido formación en violencia de género digital.

PSOE: «FALTA JUSTICIA SOCIAL»

La diputada del PSdeG, Paloma Castro, ha apoyado la necesidad de legislar frente a esta realidad, pero aún así ha presentado una enmienda a la totalidad y un texto alternativo al considerar que el proyecto «diluye» la dimensión de género de la violencia digital.

Castro ha advertido de que el machismo «se transforma» y utiliza las nuevas tecnologías para ejercer formas de control y violencia sobre mujeres y niñas, por lo que ha reclamado medidas específicas frente al acoso sexual, la difusión de imágenes íntimas, el control digital en las relaciones afectivas o las imágenes sexualizadas creadas mediante inteligencia artificial.

A su juicio, la prevención educativa prevista por la Xunta resulta «insuficiente» porque no concreta contenidos, protocolos, profesionales responsables ni mecanismos de detección y atención temprana. También ha reclamado una mayor implicación de las plataformas digitales, recursos específicos para colectivos vulnerables y una coordinación más clara entre los CIM, los Centros de Crisis 24 Horas y otros servicios públicos.

«Una mujer que sufre violencia digital no necesita una administración que le diga qué formulario tiene que cubrir», ha afirmado Castro, que ha defendido que el sistema público debe organizarse «alrededor de la víctima» y no al contrario.

La socialista ha reclamado además un plan gallego contra la violencia digital hacia las mujeres, datos específicos en el Observatorio Galego da Violencia de Xénero y financiación para que los ayuntamientos puedan asumir las nuevas responsabilidades que les atribuya la norma.

BNG: «LISTAS DE BUENAS INTENCIONES»

Por su parte, el diputado del BNG Daniel Castro ha criticado que el proyecto sea una sucesión de «buenas intenciones» y ha puesto el foco en la utilización reiterada de términos como «promoverá» o «fomentará», frente a la ausencia, a su juicio, de obligaciones concretas para la Administración autonómica.

«Hacen leyes para la hemeroteca y no para la gente», ha reprochado, antes de considerar que el texto no establece objetivos, plazos, recursos, responsables ni mecanismos de evaluación suficientes.

El nacionalista ha coincidido con el PSdeG en reclamar una respuesta específica frente a la violencia machista digital y ha criticado que las grandes plataformas tecnológicas aparezcan como meros destinatarios de una colaboración que la Xunta «fomenta», en lugar de establecer obligaciones concretas.

También ha cuestionado que el proyecto no detalle la formación que recibirán los menores ni quién la impartirá, y ha reclamado medidas específicas frente a los usos de la inteligencia artificial para generar contenidos falsos o sexualizados.

Para el BNG, «no llega con reconocer derechos si la ley no establece las garantías materiales para hacerlos efectivos».

PP: «NO HAY MINUTO QUE PERDER»

Desde el PPdeG, la diputada Mª Encarnación Amigo ha defendido el proyecto, reivindicando su carácter pionero y ha subrayado que todos los grupos coinciden en la necesidad de contar con una legislación específica, aunque ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PSOE y BNG.

Ha señalado que las críticas de la oposición confunden el contenido propio de una ley con su posterior desarrollo reglamentario y ha asegurado que el proyecto fija «los principios, los derechos, las obligaciones y el marco de actuación», mientras que los protocolos y procedimientos concretos deberán desarrollarse posteriormente.

También ha rechazado que la norma diluya la perspectiva de género y ha recordado que las mujeres y niñas figuran entre los colectivos de especial atención. Asimismo, ha defendido que el texto incorpora medidas específicas como el servicio de borrado de contenidos, el plan educativo y la formación del personal que atiende a las víctimas.

Frente a la reclamación de los grupos de oposición de imponer obligaciones a las plataformas tecnológicas, ha indicado que la Xunta no dispone de competencias para legislar sobre determinadas materias y ha defendido que la norma debe poder adaptarse a la rápida evolución tecnológica sin quedar obsoleta.

La diputada ha asegurado que el PP está dispuesto a negociar mejoras durante la tramitación parlamentaria y ha avanzado una enmienda sobre el borrado de huella digital para contemplar determinadas circunstancias en las que pueda existir una resolución judicial o medida cautelar.

«Dialogar no significa paralizar, ni consensuar significa volver a la casilla de salida», ha advertido, antes de reclamar a la oposición que contribuya a mejorar una norma que, según ha defendido, es necesaria para reforzar la protección frente al acoso y la violencia digital en Galicia.