La ley de traspaso de la AP-9 a Galicia vuelve a tropezar con las elecciones generales. Y es que, aunque en esta ocasión la norma no decaeará con la disolución de las Cortes (el texto pactado por PSOE, BNG y Sumar ya está en vigor), la negociación en torno a su contenido (que rechaza la Xunta) podría verse afectada por el devenir electoral.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de Galicia (DOG) publican este lunes, coincidiendo con la fecha en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado los comicios del 29 de noviembre, el acuerdo de la comisión bilateral de Xunta y Gobierno para iniciar negociaciones y tratar de superar las discrepancias que el Ejecutivo autonómico tiene con la norma.

Como es habitual, el acuerdo incluye la designación de un grupo de trabajo para negociar y también que se comunica la coyuntura al Tribunal Constitucional (TC), que sería la vía que le quedaría al Gobierno de Alfonso Rueda si no alcanza un consenso en torno a una normativa que rechazó desde el minuto uno.

El propio Rueda ha incidido en que la formulación de la norma no garantiza «la financiación» de la transferencia de la Autopista del Atlántico, una vía estratégica en la comunidad, y ha insistido en que el PPdeG y su Ejecutivo no están dispuestos a aceptar «un negocio ruinoso» que le podría tener un impacto de «miles de millones».

En esta coyuntura, justificó el paso de convocar una bilateral para negociar sobre el texto de la ley (que no sobre el traspaso y las condiciones del mismo, a lo que dirigía el texto). La carta del recurso de inconstitucionalidad seguiría presente.

PRIMERAS GENERALES CON EL TEXTO APROBADO

En todo caso, esta convocatoria de las generales llega con un elemento diferencial: no decaerá un texto en tramitación en el Congreso, como sí había sucedido en 2023.

El traspaso de la AP-9 lleva años reclamándose desde Galicia. El Parlamento gallego aprobó un primer texto por unanimidad en marzo de 2016, pero tuvo que presentar otros dos ante el veto del entonces Gobierno de Mariano Rajoy. El tercero fue aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica en mayo del año 2018.

También este decayó y no fue hasta febrero de 2021 cuando representantes de los grupos gallegos volvieron a defender la toma en consideración (el texto se mantuvo idéntico). Logró la mayoría de apoyos, salvo el de los diputados de Vox, y empezó su periplo en el Congreso que frenó la convocatoria de 2023.

De nuevo otro texto salió con unanimidad de la Cámara autonómica e inició su tramitación en la legislatura estatal que ahora acaba. Pero la unanimidad pronto quedó de lado.

Si inicialmente, PP y BNG afearon a Pedro Sánchez y a los suyos las sucesivas prórrogas que frenaban el avance del texto en la Cámara baja, y el PSOE incluso presentó enmiendas que alteraban sustancialmente, la tramitación se agilizó tras un pacto alcanzado por socialistas, BNG y Sumar, que el PP rechazó.

Este texto fue aprobado y entró en vigor el pasado 1 de agosto, pero la Xunta ya había anticipado que no estaba de acuerdo con su contenido. Es el que ahora, según los diarios oficiales de Galicia y el Estado, se sentará a negociar con el Gobierno. Pero, una vez más, una convocatoria electoral se cruza por el medio.