El PSdeG ha reclamado a la Xunta que revise el reparto territorial de su nuevo plan de residencias y refuerce la oferta pública en la provincia de Lugo, al considerar que la planificación anunciada no responde a las necesidades derivadas del envejecimiento de la población.

Los socialistas cuestionan además el peso de la iniciativa privada en el programa autonómico y reclaman que las nuevas plazas se diseñen atendiendo a criterios demográficos y sociales, y no al partido que gobierna cada municipio.

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, el diputado provincial Pablo Rivera y la concejala socialista en Lugo Ana Abelleira han comparecido este miércoles para defender un modelo de atención residencial basado en la proximidad, el arraigo y la titularidad pública.

Méndez ha puesto el foco en el anuncio de 25 nuevos centros por parte de la Xunta y ha cuestionado que 23 de ellos estén previstos en municipios gobernados por el Partido Popular y que solo cuatro correspondan a la provincia de Lugo.

«Las residencias tienen que responder a las necesidades de las personas, de los ayuntamientos y del territorio, y no a la política de quien gobierne», ha sostenido Méndez, que exige conocer los criterios utilizados por la Administración autonómica para decidir tanto la ubicación de los centros como el reparto territorial de las plazas.

La dirigente socialista ha recordado que Lugo es, junto con Ourense, una de las provincias gallegas con mayor envejecimiento y considera que esa circunstancia debería tener un peso específico en la planificación de nuevos recursos. A su juicio, la distribución anunciada genera dudas precisamente por la escasa presencia de la provincia en el plan.

Méndez ha cuestionado también que alrededor del 40% de las plazas contempladas en el nuevo programa sean privadas y ha vinculado esta decisión con el modelo de colaboración con empresas que, según los socialistas, ha predominado en la política residencial de la Xunta durante los últimos años.

El PSdeG ha defendido frente a este modelo una red de centros próximos y de dimensiones adecuadas, concebidos «como espacios de vida y no únicamente como lugares de atención asistencial». Méndez ha reivindicado la autonomía personal y el envejecimiento activo y que, cuando una persona pierde autonomía y necesita atención residencial, las administraciones deben garantizar una respuesta que permita mantener, en la medida de lo posible, su entorno y unas condiciones de vida dignas.

En este sentido, ha criticado que las residencias puedan terminar funcionando como simples lugares de «aparcamiento» de personas mayores y ha defendido que deben convertirse en hogares integrados en las localidades donde se ubican.

EL MODELO DE LA DIPUTACIÓN, ALTERNATIVA

El diputado provincial Pablo Rivera ha centrado su intervención en la comparación entre el modelo autonómico y la red de residencias impulsada por la Diputación de Lugo. Según los datos del Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (RUEX) citados por el socialista, la provincia cuenta actualmente con 54 residencias de mayores, de las que 30 son privadas.

Rivera ha asegurado que la Xunta lleva más de 17 años sin construir en la provincia una residencia de titularidad y gestión íntegramente públicas y sostiene que el nuevo plan autonómico no supone, a su juicio, un cambio sustancial de modelo.

El diputado provincial ha explicado que las cuatro nuevas residencias previstas para Lugo deben analizarse también desde el punto de vista de su sistema de construcción y gestión. Según señala, la fórmula planteada por la Xunta contempla la participación de empresas privadas tanto en la construcción como en la gestión de los centros, con una parte de las plazas vinculadas al sistema público.

Frente a ello, Rivera reivindica la red residencial de la Diputación, iniciada en 2010 bajo la presidencia de José Ramón Gómez Besteiro. Ha recordado que la institución provincial asumió esta política pese a no tener la competencia legal en materia de residencias, ante lo que los socialistas consideran «una falta de respuesta de la Administración autonómica y ante las características demográficas de la provincia».

La Diputación dispone actualmente de nueve centros en funcionamiento y otros ocho pendientes de apertura, según los datos aportados durante la comparecencia. Rivera ha destacado que su ubicación responde a criterios de dispersión territorial, despoblación y envejecimiento, con residencias situadas incluso en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Otro de los elementos que el diputado provincial ha citado como diferencial es el arraigo. El modelo de la Diputación establece prioridad para las personas vinculadas al municipio en el que se encuentra cada residencia, con el objetivo de facilitar que los mayores permanezcan cerca de su entorno habitual, sus familias y sus redes sociales.

Rivera ha defendido asimismo el sistema de tarifas de estos centros, basado en una ordenanza pública y progresiva que tiene en cuenta la capacidad económica de cada usuario. «Cuidar a los mayores no es un negocio, es un derecho», ha afirmado, reivindicando la intervención pública especialmente en una provincia con un elevado nivel de envejecimiento.

El socialista sostiene que el modelo debe garantizar que una persona pueda acceder a una residencia aunque no disponga de recursos económicos suficientes para asumir el coste de una plaza privada y criticó que la oferta privada pueda dejar fuera a quienes tienen pensiones más bajas.

La concejala del PSdeG en Lugo Ana Abelleira ha trasladado el debate al ámbito de la capital, donde denuncia la falta de nuevas residencias públicas. Recuerda que la residencia de As Gándaras fue construida en 1978 y asegura que desde entonces «no se ha creado otro centro público de estas características en la ciudad».

Según los datos expuestos por Abelleira, Lugo cuenta actualmente con 272 plazas públicas para una población que supera los 100.000 habitantes y en la que viven más de 20.000 personas mayores de 65 años.

La concejala considera insuficiente esta oferta y ha reclamado a la Xunta que proyecte y construya una nueva residencia pública en la capital. También se ha referido a las actuaciones previstas en las residencias existentes y ha respaldado las demandas de mejora planteadas por usuarios y familiares para adaptar los centros a las necesidades actuales de las personas mayores.

Abelleira critica además que el Partido Popular rechazase en el pleno de la Diputación una iniciativa para reclamar a la Xunta nuevas plazas públicas. En su opinión, esa posición evidencia «la diferencia entre el modelo residencial que defiende el Gobierno autonómico y el que reclama el PSOE».

POLÍTICA SOCIAL

Por su parte, fuentes de la Xunta han expresado su desconcierto ante las críticas, alegando que cuando José Ramón Besteiro fue presidente de la Diputación de Lugo impulsó un plan de residencias que «benefició exclusivamente a los ayuntamientos de su partido y del BNG».

Argumentan que el modelo de residencias de la Diputación está «en quiebra» porque en lugar de beneficiar a los mayores, les impone un ‘tasazo’, con una subida de precios de más de 400 euros al mes «de un día para otro y sin previo aviso».

Por último, recuerdan algunas de las nuevas facilitadas por la Xunta: 120 en la residencia impulsada por la Fundación Amancio Ortega; 60 en Antas de Ulla; 80 en Abadín e Riotorto -financiadas por la Xunta a través del Plan de Investimentos-; y otras 260 que se crearán a través del nuevo proyecto de residencias, en O Corgo, O Páramo, O Saviñao y Folgoso do Courel.