El Gobierno ha limitado hasta el 31 de diciembre de 2028 la adquisición de viviendas por parte de ‘fondos buitre’, es decir, entidades, con o sin personalidad jurídica, que incluyan en su objeto social la adquisición de inmuebles y pretendan adquirir una vivienda por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado,.

La medida, recogida en el artículo 1 del Real Decreto-ley de medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y frente a la especulación, titulado ‘Protección del mercado de la vivienda frente a la actividad especulativa’, establece que estas entidades tendrán limitada la adquisición de una propiedad, tanto a título oneroso como gratuito, cuando el precio sea inferior al citado porcentaje del valor de tasación.

La limitación afecta tanto a viviendas en estado de uso como a viviendas de edificios construidos sobre suelo de calificación residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, desde que dispongan del certificado de fin de obra.

No obstante, la norma incluye una serie de excepciones, ya anunciada este martes por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para garantizar que entidades con otros fines, como la empresa pública Casa 47.

De esta forma, esta norma no se aplicará cuando el inmueble vaya a destinarse a vivienda habitual a precio asequible o social durante un mínimo de cinco años, a residencia de personas que precisen atención sociosanitaria, a residencia de personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables por parte de entidades del tercer sector de acción social o a la protección de víctimas de violencia de género.

Tampoco se aplicará cuando la persona jurídica compradora acredite su adhesión a un Código de Buenas Prácticas acordado con la autoridad competente en materia de vivienda. Esta condición se considera cumplida por los entes públicos territoriales y otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles del sector público cuya finalidad sea la promoción y gestión de vivienda social y asequible.

Asimismo, la limitación no afecta a las transmisiones de propiedad que, a la entrada en vigor del decreto, ya se hubieran elevado a escritura pública, aunque todavía no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad. En estos casos, la inscripción se realizará conforme al contenido de la escritura protocolizada antes de la entrada en vigor.

También quedan excluidas las adquisiciones de propiedad derivadas de procedimientos de ejecución tramitados ante los órganos jurisdiccionales conforme a la legislación procesal y de procedimientos de ejecución hipotecaria.

La exposición de motivos señala que la medida pretende actuar frente a operaciones que «reduzcan la disponibilidad de vivienda habitual asequible y agraven la presión sobre los precios» y la presenta como una prohibición de la compra especulativa de vivienda.

El propio texto se refiere a las entidades afectadas como «fondos buitre» en la exposición de motivos, donde señala que la medida busca limitar determinadas operaciones de adquisición de vivienda por debajo de su valor de tasación de mercado.