El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha remitido una petición al Parlamento Europeo a través de la que pide que se revise la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del Reglamento (UE) 2022/720 en lo relativo a la prohibición de fijar precios mínimos de reventa por considerar que «está matando al pequeño comercio».

El regidor ourensano, que formula la solicitud como ciudadano y «damnificado» y no como alcalde para lograr «mayores opciones de admisión», sostiene que la normativa comunitaria vigente prohíbe con carácter general que un fabricante o distribuidor minorista imponga a sus clientes minoristas un precio mínimo de reventa al público. Una medida que «aparentemente protege o fomenta la competencia» pero que, según avisa, en la práctica se ha desvirtuado por el auge del comercio online.

«Al no poder los fabricantes proteger un margen mínimo en toda su red de distribución, la tendencia natural del mercado en infinidad de productos es vender cada vez más cerca del precio de coste, especialmente online», indica para asegurar que todo ello hace «inviable» sostener muchísimas tiendas físicas con producto expuesto. Unos establecimientos que, además, señala que tienen stock expuesto al público y gastan recursos que los consumidores prueban. «Se informan, pero compran después online», apunta.

El resultado, conforme sostiene Jácome, es una «progresiva desaparición y debilitamiento del pequeño comercio físico, especializado o no» y pone como ejemplo el caso del sector de los instrumentos musicales, al que él pertenece.

Así, indica que en este sector las cuotas de venta online se sitúan en más del 50%, muy por encima de Estados Unidos, donde sí están permitidos los precios mínimos. Por ello, apunta que la norma europea «no solo debilita o elimina la competencia, sino que impide que haya nueva».

Además, critica la «asimetría» que existe toda vez que una gran cadena que fabrica y vende su propia marca, en sus propias tiendas, sí protege sus márgenes y nada les impide fijar el precio de reventa de sus productos; mientras que un fabricante independiente no puede garantizar esa misma protección del margen comercial a los puntos de venta al público que quieran comercializar su producto. «La norma termina solo beneficiando a los grandes operadores integrados y grandes plataformas online, precisamente lo contrario de lo que se supone que debe lograr», explica.

Así las cosas, solicita al Parlamento Europeo que impulse la revisión de este marco normativo y sustituya la prohibición absoluta –con carácter principal– y, subsidiariamente, por un régimen de evaluación individualizada, similar al vigente en Estados Unidos.

Propone a la Comisión Europea a elaborar un estudio de impacto que compare el régimen vigente en la Unión Europea con el modelo estadounidense para observar sus efectos sobre la competencia, los precios al consumidor y la viabilidad de pequeñas y medianas empresas.

También pide una consulta pública que permita a empresas, distribuidores, asociaciones de consumidores y especialistas en Derecho de la Competencia un análisis sobre los efectos de la fijación de precios mínimos de reventa en los mercados europeos. Además, aboga por revisar la citada «asimetría» entre las cadenas verticalemente integradas y los fabricantes independientes.

Finalmente, Pérez Jácome solicita que se examine si los principios que sustentan regímenes específicos, como el precio fijo del libro, ofrecen argumentos trasladables a una evaluación caso por caso, y no una prohibición automática, de los precios mínimos de reventa.