El Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite de la demanda por protección al honor que presentó el cantante Julio Iglesias contra la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por falta de competencia.

En un auto recogido por Europa Press, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo señala que entra dentro de su ámbito competencial las demandas de responsabilidad civil de los miembros del Gobierno «por hechos realizados en en el ejercicio de su cargo», pero considera que no se da en este caso.

El Supremo recuerda que Iglesias consideró vulnerado su honor por las manifestaciones vertidas por la ministra en la red social Bluesky y en un programa de televisión después de conocerse que unas extrabajadoras del cantante le acusaban de presuntas agresiones sexuales.

En este caso, la Sala concluye que «las opiniones o manifestaciones controvertidas no guardan la necesaria conexión con el ejercicio de los cargos que motivan el aforamiento ni suponen una traslación a la opinión pública de las políticas propias del Ministerio de Trabajo». Por ello, expone que la competencia corresponde a las secciones civiles de los tribunales de instancia.

«Se trata de declaraciones que, si bien proceden de una persona aforada, no están protegidas por las prerrogativas establecidas, ya que en el mensaje de Bluesky actuó como ciudadana y dirigente política y, en el contexto global de la entrevista, en la parte controvertida se manifestó esencialmente como política feminista y dirigente de Sumar, pero no como ministra de Trabajo o vicepresidenta segunda del Gobierno.

Y añade que la condición de ministra quedó limitada a la respuesta dada a determinadas preguntas que efectivamente guardaban relación directa con su cartera (el salario mínimo, las pensiones o la jubilación) y que nada tienen que ver con los hechos que han motivado la demanda».

En su demanda del pasado julio, Julio Iglesias reclamaba a Díaz una indemnización de 50.000 euros por presunta intromisión de su honor.

Tiempo antes, el cantante había instado a la vicepresidenta del Gobierno, a través de su abogado José Antonio Choclán y en una petición de conciliación, a rectificar en público un mensaje que subió a redes sociales.