El grupo municipal del PP de Vigo ha reclamado al alcalde, Abel Caballero, y al concejal Javier Pardo que den «la cara» tras la suspensión, por parte del gobierno municipal, de la licitación del nuevo contrato de bus urbano en la ciudad (valorado en caso 470 millones de euros), porque hasta ahora lo que han hecho ha sido «escurrir el bulto» y no han aclarado la razón para tomar esta medida.

En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz municipal y presidenta local del partido, Luisa Sánchez, ha lamentado que, 24 horas después de que se informase de la suspensión «por sorpresa» en la Plataforma de Contratación del Estado, «el alcalde de la ciudad continúa sin dar la cara». «Ni él ni nadie de su gobierno, que sigue escondido detrás de un escueto comunicado y un ‘whatsapp’ con una frase del gabinete de comunicación escurriendo el bulto», ha constatado.

«No basta con decir que ‘las propuestas de los licitadores son complejas y es necesaria una aclaración por su parte’ porque eso y nada es lo mismo. Lo que hay que decir es qué está pasando realmente», ha proclamado.

En ese sentido, Luisa Sánchez, ha cuestionado: «¿Acaso no es cierto que el servicio de contratación solicitó en agosto un informe al Instituto Galego de Consumo e da Competencia al respecto de una posible existencia de indicios de prácticas colusorias en este procedimiento? ¿Acaso no es cierto que dicho informe obra en poder del Ayuntamiento desde el 8 de septiembre?».

Según ha remarcado la portavoz ‘popular’ «esas son las preguntas que debería haber contestado ya el alcalde o el concejal responsable de este contrato» y ha incidido en que «si el proceso fuera impecable, no habría ningún motivo para no hacerlo», al tiempo que ha advertido que, de confirmarse esas irregularidades, todo el procedimiento podría ser invalidado.

En este escenario y ante el «apagón informativo» del gobierno local, Luisa Sánchez ha urgido a Javier Pardo a convocar «de urgencia» una rueda de prensa ante los medios para aclarar la situación o pedirán que comparezca en la Comisión Informativa de Contratación

«Desde luego, la paralización de este concurso abre un proceso de incertidumbre e inseguridad jurídica al respecto de la renovación de un servicio absolutamente fundamental para la movilidad de la ciudad durante los próximos diez años. Un mega contrato por importe de 470 millones de euros, que exige que el gobierno de Abel Caballero ponga fin a las evasivas y de la cara», ha sentenciado, antes de volver a criticar la «incapacidad manifiesta o la falta de voluntad del gobierno de Abel Caballero» para sacar adelante el nuevo contrato del servicio.