El decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno prometió tras el episodio de Maricarmen prohíbe, entre otras medidas, los desahucios para personas vulnerables hasta 2028, endurece las condiciones para el alquiler temporal y concede bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos, según consta en el borrador del texto al que ha tenido acceso Europa Press.
Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en un piso en el madrileño de Retiro, el Gobierno ha comenzado a negociar con los grupos parlamentarios un nuevo decreto ley que impida situaciones de este tipo.
Para conseguir el apoyo de Junts, el Ejecutivo también ha puesto sobre la mesa bonificaciones fiscales a los caseros. Además de los catalanes, el Gobierno también tiene que atar el apoyo de Podemos, que exige la eliminación de la reforma de la Ley del Suelo que sí se incluía en una versión anterior que nunca llegó a aprobarse en Consejo de Ministros.
El Gobierno, según el borrador del texto, ha cumplido esas dos premisas y concede diferentes bonificaciones fiscales y ha eliminado cualquier referencia a la reforma de la Ley del Suelo.
