El Ayuntamiento de Vigo ha publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Estado el anuncio de la suspensión de la licitación del servicio de bus urbano, el mayor contrato de su historia, de cerca de 470 millones de euros.

Fuentes municipales han señalado que la decisión se ha tomado porque «las propuestas de los licitadores son complejas y es necesaria una aclaración por su parte», sin entrar en más detalle. De hecho, el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación, firmado por la jefa del área de Contratación y Nuevos Proyectos, se limita a informar de que el procedimiento está suspendido, pero no especifica ningún horizonte temporal.

En 2023 el gobierno local encargó un informe técnico sobre la demanda del transporte urbano para determinar las opciones de optimización del servicio. En abril de 2024 se constituyó un comité técnico para tramitar la finalización del actual contrato (que ostenta Vitrasa desde 1995 y que fue prorrogado por cinco años en 2020 y, posteriormente, en 2025 por dos años más) y para desarrollar los trabajos de cara a la adjudicación de un nuevo contrato.

En diciembre de 2025 se inició la tramitación de la nueva licitación, con la emisión del informe justificativo y la elaboración de pliegos. Así, se supo que el contrato asciende a unos 469 millones de euros.

«¿QUÉ INTENTAN TAPAR?»

La portavoz del grupo municipal del PP, Luisa Sánchez, ha exigido la comparecencia «urgente» del concejal del área de Fomento, Javier Pardo, ante esta «repentina» suspensión del procedimiento, y ha advertido de que, con una decisión de este calado, el gobierno local debe actuar «con la máxima transparencia y con todas las explicaciones que se tengan que dar».

Al respecto, ha afeado al gobierno local que haya despachado esa medida con un anuncio de tres líneas, pasando «de puntillas» por la cuestión, cuando este lunes se ha celebrado un pleno en el que el alcalde o el concejal podrían haber informado al respecto.

«En el PP sabemos, porque así aparece recogido en el gestor de expedientes, que el servicio de contratación municipal abrió el pasado 4 de agosto, y a instancias de una de las empresas presentadas al concurso, un procedimiento por la posible existencia de indicios de prácticas colusorias», ha advertido Sánchez, que ha añadido que, días después, la empresa pidió un informe al Instituto Galego de Consumo, que fue remitido al Ayuntamiento el pasado 8 de septiembre.

La portavoz del PP ha denunciado que el gobierno local mantiene «oculto» ese informe, lo que impide conocer «los motivos reales» que han obligado a suspender esta licitación.

«Un nuevo capítulo de oscurantismo al que, por desgracia, ya nos tiene acostumbrados este gobierno de Caballero. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Qué irregularidades o defectos de forma se están intentando tapar?», ha cuestionado, antes de volver a exigir «luz y taquígrafos», ante la «manifiesta incapacidad» del gobierno local para sacar adelante los grandes contratos.

INSEGURIDAD JURÍDICA

Mientras, el grupo municipal del BNG ha trasladado su «enorme preocupación» por este anuncio hecho «por sorpresa», y también ha censurado que una decisión de esta magnitud se comunique mediante un escueto anuncio sin que se sepa ni quién adopta la decisión, ni cuales son los motivos ni la fundamentación legal. «Lo único que añade es una enorme inseguridad desde el punto de vista jurídico», ha advertido el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas.

Al respecto, ha remarcado que la suspensión se produce cuando ya se aprobó el informe valorativo del sobre B y cuando ya se conocen las propustas económicas recogidas en el sobre C. «Una verdadera chapuza», ha constatado Pérez Igrexas, que ha añadido que, a falta de tener más información, parece que «no se adecúa a la normativa en materia de contratación pública» y que «coloca este procedimiento incluso en causa de nulidad».