La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha defendido que la moratoria de dos años para la instalación o ampliación de explotaciones ganaderas en zonas con aguas afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario en la cuenca del río Limia (Ourense) es una medida «provisional, temporal y localizada».

Así lo ha trasladado en respuesta a una pregunta formulada en el pleno por el diputado del BNG Iago Tabarés, quien ha censurado que el Gobierno gallego consiguiese «un reconocimiento sin precedentes» en la política como supone la sanción tanto a la Xunta como a la Confederación Hidrográfica del Miño Sil por inacción ante la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia (Ourense).

Iago Tabarés ha denunciado que el Ejecutivo autonómico «no escuchase a nadie» ni al Parlamento cuando se advertía de las «graves consecuencias de esta negligencia» y «siguiese autorizando ampliaciones de macrogranjas en la zona» y llevando a cabo actuaciones «sin planes reales de gestión».

En su turno de réplica, la conselleira ha criticado que el BNG canalice sus críticas contra la Xunta y no contra la Confederación Hidrográfica y ha subrayado que la consellería actúa «con máximo rigor y respecto a la legalidad».

«La sentencia establece la necesidad de adoptar medidas en la cuenca de A Limia y el embalse das Conchas, pero la Xunta aún recibió este mes el borrador del informe sobre presiones e impactos» emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Un documento que, según ha sostenido, es «imprescindible» para determinar el origen de la contaminación y al que la Xunta ha presentado alegaciones por considerar que la información recogida no es concluyente en algunos puntos.

Mientras tanto, ha asegurado que su departamento sigue actuando y que por eso actualizó el proyecto de derecho par reducir la contaminación de nitratos de origen agrario. «Un documento que contempla como medida provisional y preventiva una moratoria temporal localizada en el territorio y sometida a seguimiento técnico», ha señalado.

«La consellería actúa con datos, en el marco de sus competencias, siguiendo los procedimientos establecidos, con el objetivo prioritario de garantir la sostenibilidad y la convivencia con la actividad agroganadera», ha apuntado.

La titular do Medio Rural ha incidido en que se trata de una «medida provisional, temporal y localizada», que tendrá una duración máxima de dos años y que podrá quedar sin efecto en el caso de que se declaren las correspondientes zonas vulnerables y se aprueben los correspondientes planes de actuación, así como si se acredita que la contaminación dejó de tener origen significativamente agraria.

Además, ha señalado que no afecta al conjunto del territorio ni a todas las explotaciones, toda vez que se limita a superficies en las que la escorrentía fluya para las aguas afectadas por la contaminación por nitratos de origen agraria.

«No se cierra ninguna explotación y los ganaderos pueden continuar con su vida», ha incidido.