Organizaciones de infancia y derechos humanos han pedido a las comunidades autónomas «activar de manera inmediata» los mecanismos necesarios para trasladar desde Ceuta a las niñas, niños y adolescentes que han llegado sin el acompañamiento de personas adultas, priorizando a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Las entidades presentes en terreno estiman que, «al menos, 4.000 niños, niñas y adolescentes permanecen en Ceuta actualmente, más de 2.000 se encuentran en situación de calle y una parte importante sigue sin ser identificada y carece de acceso adecuado a alimentación, agua, alojamiento y atención sanitaria».

Tras más de un mes y medio viviendo en estas condiciones, las organizaciones advierten de que «su salud física y mental se está viendo gravemente afectada» y avisan de los riesgos de sufrir «violencia, abuso y explotación».

Además, las entidades que trabajan sobre el terreno dicen haber detectado casos de niñas, niños y adolescentes que podrían tener la condición de refugiados. Entre ellos, señalan que hay niñas que han sido víctimas de violencia de género y matrimonio forzoso en sus países de origen, que pertenecen al colectivo LGBTIQ+ o requieren atención médica urgente. Asimismo, añaden que algunas de ellas también habrían sufrido violencia sexual desde su llegada a Ceuta.

Para identificar estas y otras circunstancias, las organizaciones consideran imprescindible realizar «una evaluación individualizada de cada caso, en un entorno seguro y con equipos profesionales especializados». Si bien, alertan de que «la saturación de los recursos de acogida del sistema de protección dificulta gravemente estas evaluaciones».

Las organizaciones reconocen «el importante esfuerzo» que está realizando la ciudad de Ceuta pero exigen activar «los mecanismos extraordinarios» y «efectuar de manera inmediata los traslados» a los sistemas de protección de las distintas comunidades autónomas.

«Estos traslados deben realizarse con todas las garantías, atendiendo a las necesidades específicas de cada niña, niño y adolescente y priorizando a quienes se encuentren en mayor riesgo, especialmente las niñas, la infancia de menor edad y quienes presentan necesidades específicas de protección», subrayan.

Las organizaciones recuerdan también que cualquier posible repatriación debe acordarse mediante un procedimiento individualizado, con garantías reforzadas, asistencia letrada y después de evaluar las circunstancias personales, familiares y sociales; y contar con la intervención del Ministerio Fiscal.

Asimismo, avisan de que «en ningún caso se pueden llevar a cabo devoluciones colectivas» de menores que se encuentran sin acompañamiento familiar ya que son «contrarias al ordenamiento jurídico español y al derecho internacional».

Al mismo tiempo, insisten en la importancia de la coordinación con todas las administraciones implicadas, como el Ministerio de Juventud e Infancia, para efectuar dichos traslados.