La memoria judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) correspondiente a 2025 revela que los órganos judiciales gallegos practicaron el año pasado 1.046 lanzamientos (fase final de desalojo de un proceso de desahucio), frente a los 1.191 de 2024, un 12,2% menos. También han bajado un 18,5% las demandas por ocupación ilegal de viviendas, con un total de 66 registradas.
Este dato de 66 se refiere a casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, y suponen una caída frente a las 81 demandas de 2024. Además, si se ponen en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 2,4 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, que se situó en 3,8.
Asimismo, los órganos judiciales gallegos practicaron el año pasado 1.046 lanzamientos, frente a los 1.191 de 2024, es decir, 12,2% menos. De ellos, 876 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, que descienden un 8,7 %. Otros 118 correspondieron a ejecuciones hipotecarias –un 34,8 % menos que en 2025– y, los 52 restantes, derivaron de otras causas.
Asimismo, la memoria hace constar que se difunde por primera vez información relativa a las solicitudes recibidas y resueltas por los órganos judiciales sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad
Aunque no se puede analizar la evolución, sí se revela que, durante el cuarto trimestre de 2025, en Galicia, los juzgados de primera instancia, las secciones civiles de los tribunales de instancia y los servicios comunes recibieron 104 peticiones de suspensión de lanzamiento «por especial vulnerabilidad» y resolvieron 94.
Fueron suspendidos cinco lanzamientos en aplicación del artículo uno del real decreto estatal 11/2020 que establece la «suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional»; y nueve en aplicación del artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido a los casos especiales en la tramitación de los juicios verbales.
EMPLEO Y CONCURSOS EMPRESARIALES
En otro orden de asuntos, los órganos judiciales de Galicia registraron durante el año pasado 2.961 concursos, un 27,5 % más que en 2024. La cifra consolida, de esta forma, la tendencia al alza de este tipo de procedimientos, que comenzó en 2020.
Este incremento es debido, según explica la memoria, al crecimiento sostenido de los concursos presentados por personas naturales sin actividad empresarial, que en el periodo estudiado subieron un 34,5 %, al pasar de 1.938 a 2.606.
Asimismo, se registraron en los órganos de lo Social 6.118 demandas por despido, frente a las 6.382 del año anterior, cifra que muestra un descenso del 4,1%. El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en los juzgados de lo Social, 9.529, fue un 3,3 % inferior al registrado en el mismo periodo de 2024 (9.850 reclamaciones).
CAEN LAS DEMANDAS DE RUPTURA MATRIMONIAL
El documento judicial también evidencia que el número de demandas de ruptura matrimonial (nulidades, separaciones y divorcios) presentadas en Galicia en 2025 fue de 4.573, frente a las 5.269 del año anterior, lo que supuso un descenso del 13,2%, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. En el periodo analizado, se observa que todos los tipos de demanda sufrieron un descenso.
Así, las de divorcio no consensuado fueron las que experimentaron la bajada interanual más acusada, un 29,1%, ya que pasaron de 2.151 a 1.524. Por su parte, en la comunidad se registraron 2.931 demandas de divorcio consensuado, es decir, un 1,4 % menos que en 2024, cuando se contabilizaron 2.973.
En cuanto a las separaciones no consensuadas se presentaron 33, lo que supuso una bajada del 23,3%, mientras que las consensuadas pasaron de 100 a 83, un 17% menos. Las nulidades matrimoniales se mantuvieron con respecto a 2024, registrándose dos. Por cada 100.000 habitantes, se interpusieron, en el periodo estudiado, 168,5 demandas, frente a las 171,9 de media estatal.
Finalmente, a lo largo de 2025 se presentaron 922 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que supuso un aumento interanual del 20,8%. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en cambio, disminuyeron, pues se interpusieron 1.262, frente a las 1.741 del 2024, un 27,5% menos.
