La portavoz de Política Social del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha acusado a la Xunta de «electoralismo» tras anunciar un nuevo plan de residencias con el que proyecta crear 1.800 nuevas plazas en 25 nuevos centros «en ayuntamientos mayoritariamente gobernados por el PP», concretamente en el 92% de los casos, según ha denunciado la formación nacionalista.

A este respecto, el BNG ha registrado varias iniciativas en el Parlamento gallego para exigir que la Xunta asuma la gestión pública directa de todos los centros anunciados y pendientes de construcción a través de la Axencia Galega de Servizos Sociais.

En esta línea, la portavoz de Política Social del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha criticado que se construyan estos centros «sin tener en cuenta las listas de espera o las necesidades de la población de los demás ayuntamientos gallegos», a los que la Xunta de Galicia «ni consultó».

«El BNG siempre defendió que el criterio para distribuir nuevos equipamientos de carácter social pasa por fortalecer la red pública en aquellos lugares donde existe una mayor demanda, una mayor lista de espera a día de hoy para optar a una plaza en una residencia de mayores», ha aclarado Rodil, quien ha recalcado que el derecho a una vejez digna «es un derecho fundamental que no puede acabar siendo objeto del negocio y del lucro de un puñado de empresas».

«El PP no puede usar los derechos de la población mayor para hacer campaña electoral», ha criticado Rodil. Por otra parte, la diputada nacionalista ha alertado de que el Gobierno gallego ya ha avanzado que 700 plazas de los nuevos centros proyectados serán entregadas a empresas privadas. Asimismo, ha advertido de que las 1.100 plazas restantes sufrirán previsiblemente el mismo proceso de privatización, siguiendo el precedente de las residencias construidas por la Fundación Amancio Ortega en Lugo, Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra y Ferrol.

En relación con estos centros, la parlamentaria ha puesto el foco en los casos de Lugo y A Coruña, señalando que acumulan denuncias por parte de usuarios, residentes, familiares y trabajadores debido a «la falta de personal, el incumplimiento de las ratios normativas y diversos déficits en la atención».