La Guardia Civil de A Coruña ha intervenido 83.836 juguetes carentes del marcado CE y de documentación que acredite su lícita importación en diversas fiestas patronales de Sada, Arteixo, Culleredo y Carral. El valor total estimado de la mercancía asciende a 123.639 euros.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, las actuaciones comenzaron con las inspecciones realizadas por unidades del Servicio Fiscal en distintos puestos de venta ambulante instalados durante las fiestas patronales de los municipios de Sada, Arteixo, Culleredo y Carral, entre los meses de julio, agosto y septiembre.

Durante esta primera fase, los agentes inmovilizaron un total de 2.872 juguetes listos para su venta directa al público, procedentes de países ajenos a la Unión Europea. Los productos presentaban anomalías sobre seguridad, como la falta de advertencias obligatorias o la ausencia de marcado CE visible y legible. Además, los responsables de los puestos no pudieron presentar documentación que justificase su lícita importación.

Tras esta primera intervención, la Benemérita realizó las gestiones necesarias para localizar al distribuidor mayorista. Las investigaciones permitieron ubicar dos naves dedicadas a la venta de productos al por mayor, en cuyo interior se hallaron numerosos artículos de idénticas características.

En el interior de las instalaciones se aprehendieron 80.964 productos adicionales, elevando el cómputo total de la mercancía intervenida a 83.836 unidades, cuyo valor comercial estimado asciende a 123.639 euros.

De forma detallada, entre los productos confiscados destacan 2.874 unidades de los modelos comerciales denominados ‘Squishy y Dumpling’, unos artículos que han sido objeto de alertas y retiradas del mercado en el Reino Unido y la comunidad autónoma de Asturias debido a riesgos potenciales asociados a su composición química, así como por presentar una apariencia que imita a alimentos.

Debido a la ausencia de documentación que acredite la situación legal de estos juguetes, el servicio concluyó con la realización de cuatro inspecciones comerciales y la confección de 22 actas denuncia por infracción a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.