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Galicia es una comunidad «débil» en servicios sociales, con cobertura «reducida», aunque ha «mejorado», según Índice DEC

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El 42% de la población española, unos 20 millones de personas, viven en comunidades autónomas con servicios sociales «débiles» o «irrelevantes», según el Índice DEC 2025 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Galicia ocupa el puesto número 11 en la clasificación de las comunidades en el desarrollo de su sistema público de servicios sociales y es una de las siete que suspenden al no alcanzar cinco puntos sobre diez (se queda a dos décimas, en el 4,98).

Aunque su categoría es «débil» –el informe hace constar relevancia económica «débil» y una cobertura «reducida» de prestaciones y servicios–, se hace constar que en los dos últimos años ha «mejorado ligeramente su relevancia económica» y la «cobertura efectiva» de prestaciones y servicios a la ciudadanía, mientras que «mantiene su nivel de desarrollo en cuanto a ordenación» del sistema.

De hecho, su puntuación global definitiva, pese a no alcanzar los cinco puntos, sube en relación tanto al Índice DEC de 2023 como el de 2024.

No obstante, sólo puntúa en uno de los tres indicadores que, desde 2023, substituyen el indicador de la ley –ya que todas las comunidades la cumplen, según la entidad–: tiene definida e implantada la historia social única, pero «no puntúa en los otros dos», que son ética e investigación.

El estudio refleja que las administraciones públicas gallegas (Xunta, diputaciones y ayuntamientos) incrementaron un 4,1% su gasto en servicios sociales pasando de 536,3 euro por habitante en 2023 a 558,5 euro en 2024 (+ 22,2 euros). No obstante, sigue por debajo de la media estatal que fue 575,1 euros.

En relación con el PIB regional, este gasto del conjunto de administraciones públicas de Galicia en servicios sociales representó en 2024 un 1,85%, dos centésimas menos que el año anterior, y sigue por encima de la media estatal (1,75%), según el informe.

Asimismo, se refleja que el gasto en servicios sociales representó el 10,01% del presupuesto de sus Administraciones Públicas, 0,23 puntos menos que el año anterior. Con ello se sitúa por debajo de la media estatal (10,40%).

El peso de la financiación local sobre el total del gasto en servicios sociales en Galicia también es, según el informe, inferior a la media de España, ya que supone el 21,2% frente al 25,8%. En consecuencia, la aportación de la Comunidad es superior a la media, con el 78,8% del total del gasto, frente al 74,2% de media en España.

COBERTURA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

Los datos detallados del estudio ratifican que Galicia destaca por encima de la media estatal en atención a la dependencia, en centros de día para personas mayores, con una cobertura de 2,52% sobre personas mayores de 75 años, frente a 2,19% de media estatal; y acogimientos familiares para menores, que en Galicia representan el 56,4% del total, y en la media estatal el 51,8%.

En el resto de prestaciones o servicios, Galicia se encuentra por debajo de la media estatal, según el estudio, que cita la dotación de profesionales de su red básica de servicios sociales, con un profesional por cada 2.064 habitantes en la comunidad gallega, siendo la media estatal uno por cada 1.363 habitantes.

También alude a las rentas mínimas de inserción, que en Galicia percibe el 4,9% de su población bajo el umbral de la pobreza, mientras que a nivel estatal la media es de 6,2%. Así mismo, la cuantía de estas rentas, agrega el estudio, es «inferior» a la media estatal, ya que suponen el 9,3% de la renta media en esa comunidad, frente al 14,5% en la media del conjunto de autonomías.

En plazas residenciales para personas mayores, Galicia, según el estudio, tiene un 4,93% de cobertura sobre personas mayores de 75 años en Galicia, frente a 5,5% de media estatal; mientras que el servicio de ayuda a domicilio para personas mayores registra una cobertura del 8,8% sobre mayores de 75 años, siendo de 12% la media estatal. La intensidad de este servicio, añade, también es inferior en Galicia, con una media de 18,6 horas mensuales, siendo 23,8 horas la media estatal.

También tiene una cobertura peor a la media estatal, según el índice, en otros servicios como el de teleasistencia, las plazas residenciales, diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad, las plazas de acogida para víctimas de violencia machista, y las de alojamiento para personas sin hogar.

El informe concluye que «el principal desequilibrio» del sistema público de servicios sociales en Galicia, sigue siendo los denominados «derechos de papel», es decir, «un sistema bien ordenado (ley, catálogo, planificación, e integración entre administraciones), pero «una relevancia económica débil y una cobertura reducida de prestaciones y servicios».

«DESIDIA E INCOMPETENCIA»

«Nos preocupa mucho que haya 20 millones de personas en España que viven en comunidades autónomas donde sus servicios sociales son débiles o irrelevantes. Esas personas sufren más por la desidia e incompetencia de sus gobernantes», ha señalado el director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este jueves, durante la presentación del informe en el Ateneo de Madrid, en el que también ha participado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Asimismo, ha mostrado su «preocupación» porque a pesar de que «ha subido el gasto en servicios sociales», al mismo tiempo, «está bajando el porcentaje del PIB dedicado a servicios sociales».

«Tenemos que reivindicar llegar a ese 2% del PIB. Es verdad que la nueva inyección económica de 6.500 millones de euros de la dependencia, si a los consejeros o consejeras de las comunidades autónomas no se les ocurre hacer caja y alegrar a los consejeros de Hacienda con ese dinero, ese dinero puede servir para ir aumentando ese porcentaje del PIB», ha subrayado.

Según el estudio, País Vasco (nivel alto), Castilla y León y Navarra (nivel medio) continúan siendo las comunidades con mejor calificación de sus servicios sociales, mientras que Extremadura, Cantabria y La Región de Murcia tienen la calificación de «irrelevantes» en servicios sociales.

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