La Fiscalía solicita un total de siete años de prisión para un empresario acusado de emplear a dos trabajadores migrantes en situación irregular en España y someterlos, según el escrito de acusación, a unas condiciones laborales que atentaban contra sus derechos. El procedimiento continúa abierto después de que este martes se celebrase una vista previa en la que las partes no alcanzaron un acuerdo, por lo que han quedado convocadas a una nueva sesión en los próximos meses.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, titular y administrador único de la empresa, habría empleado de forma continuada desde 2020 a un trabajador de nacionalidad venezolana y, desde mayo de 2022, a otro de nacionalidad colombiana, pese a saber que ambos se encontraban en situación irregular en España y carecían de permiso de residencia y trabajo.

La acusación sostiene que ambos trabajaban como peones de albañilería en distintas obras de construcción y reforma de la provincia de Lugo. No tenían contrato escrito y cobraban 50 euros por cada jornada trabajada en mano. De acuerdo con el relato de la Fiscalía, debían estar preparados desde las 7.30 horas para ser recogidos por el empresario y trasladados a las obras que este determinase, donde trabajaban hasta al menos las 20.30 horas, con una pequeña pausa para comer.

El Ministerio Fiscal afirma, además, que ninguno de los dos trabajadores fue dado de alta en la Seguridad Social ni recibió nóminas o documentación que acreditase el pago de los salarios. Tampoco se les habrían abonado horas extraordinarias ni la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ni se les habría garantizado el descanso semanal o las vacaciones. La acusación añade que, desde agosto de 2022, el empresario habría dejado voluntariamente de pagar las cantidades pactadas pese a continuar empleándolos.

El escrito de acusación pone especial énfasis en las condiciones de seguridad en las que se desarrollaban los trabajos. Los dos empleados realizaban, entre otras tareas, retiradas y limpiezas de cubiertas deterioradas y colocación de tejados de pizarra en viviendas unifamiliares.

Según la Fiscalía, carecían de formación e información en materia de prevención de riesgos laborales y no habían sido sometidos a los reconocimientos médicos correspondientes. Tampoco disponían de ropa adecuada ni de equipos de protección individual o colectiva para evitar cortes y caídas de altura. Asimismo, las obras carecían de documentación preventiva y de un Plan de Seguridad y Salud debidamente aprobado.

UN ACCIDENTE QUE DEJÓ SECUELAS

En septiembre de 2020, uno de los trabajadores sufrió un accidente mientras utilizaba una máquina radial en una obra situada en Queizán (Lugo). Según el relato de la Fiscalía, sufrió un corte en el brazo.

Las lesiones requirieron tratamiento médico y varias intervenciones quirúrgicas. El trabajador tardó 601 días en sanar y le quedaron como secuelas una lesión severa del nervio cubital del antebrazo izquierdo y varias cicatrices, pérdida de calidad de vida e incapacidad para desarrollar su trabajo o actividad profesional.

La Fiscalía sostiene que, al no encontrarse dado de alta en la Seguridad Social, el trabajador no percibió ninguna retribución durante su baja y tuvo que asumir parte de los gastos sanitarios derivados del accidente. El Ministerio Público añade que el empresario tampoco tenía contratado un seguro de responsabilidad civil para los accidentes de estos trabajadores.

La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro contra la seguridad de los trabajadores y un delito de lesiones por imprudencia grave.

Por el primero de los delitos, solicita tres años y seis meses de prisión, además de multa de 6.000 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Por el delito contra la seguridad de los trabajadores pide otros dos años de prisión, multa de 7.200 euros e inhabilitación para ejercer una profesión o actividad relacionada con la construcción. Finalmente, por las lesiones por imprudencia grave reclama un año y seis meses de prisión.

La defensa por su parte, niega los hechos y pide la libre absolución.

RESPONSABILIDAD CIVIL

En materia de responsabilidad civil, el escrito reclama que el acusado indemnice a los dos trabajadores por las cantidades que dejaron de percibir durante el periodo trabajado. En el caso del trabajador que sufrió el accidente, la Fiscalía reclama además 32.754,35 euros por las lesiones, 1.983,89 euros por las intervenciones quirúrgicas y 56.521,67 euros por las secuelas y el perjuicio moral derivado de la pérdida de calidad de vida, además de los gastos médicos que puedan acreditarse.

También se pide el abono al Sergas de los gastos médicos derivados de la asistencia sanitaria y a la Tesorería de la Seguridad Social de las cuotas que se dejaron de ingresar por los dos trabajadores, con los intereses correspondientes.