El BNG ha exigido el este martes el «cese inmediato» del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, mientras que el PSdeG han reclamado su comparecencia en el pleno del Parlamento después de que Eldiario.es publicase que la empresa familiar fue sancionada a raíz de una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles.

En su comparecencia tras la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha calificado de «gravísima» la noticia. «Esto es impresentable y pedimos el cese inmediato por esta indecencia e irregularidad por tener a trabajadores inmigrantes explotaciones, sin darlos de alta en la Seguridad Social, en situación de irregularidad administrativa apañando uva en la bodega», ha declarado.

«Estamos hablando del responsable político que debe velar por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país. ¿Cómo es posible que el conselleiro de Emprego tenga en la empresa de su familia trabajadores explotados y sin dar de alta en la Seguridad Social?», ha preguntado Rodil.

Asimismo, ha subrayado que esta «no es la primera ilegalidad de esta empresa», que ya fue sancionada por irregularidades urbanísticas con anterioridad. «Es evidente que esta persona no puede estar ni un minuto más al frente de la consellería», ha insistido.

La dirigente del BNG ha considerado que el asunto es más grave aún porque se trata de un conselleiro que «lleva, desde el minuto uno, atacando con una campaña de acoso y derribo, contra los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores gallegos, criminalizándolas por enfermar y promoviendo políticas encaminadas a recortar su derecho a la baja».

«Ya vemos que es lo que le molesta al PP cuando hablamos de empleo, los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, mismo su regularización administrativa, porque hay que recordar la campaña en la que está instalado el PP en contra, a nivel estatal, del proceso de regularización de inmigrantes», ha manifestado para sostener que, en el fondo, «parece que quieren que trabajen en esa situación de máxima vulnerabilidad explotados en sus empresas. Es inadmisible».

EL PSDEG EXIGE SU COMPARECENCIA

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha avanzado que su formación pedirá la comparecencia en el Parlamento del conselleiro –una solicitud que no ha sido registrada en la Xunta de Portavoces de este martes– para que acuda a la Cámara a «dar la cara».

La dirigente socialista ha sostenido que el titular de Emprego «no se cortó nada a la hora de hablar de inmigración ordenada y de reclamarle al Gobierno de España las competencias de los permisos de trabajo» todo ello, ha censurado, mientras «en las viñas de la bodega de su familia había dos personas sin papeles recogiendo uva». «Las encontró una inspección de oficio y hay una propuesta de sanción encima de la mesa», ha trasladado.

Lara Méndez ha sostenido que lo que pasó en esta empresa es «extremadamente grave». «Es difícil de tapar, aunque práctica no les falta», ha añadido en referencia al salón de banquetes que la misma empresa explota desde hace una década en Ribadavia, «con una orden de demolición de Patrimonio que sigue sin ejecutarse».

La dirigente socialista se ha preguntado «si no será esta la emigración que quiere el PP. Gente sin papeles y sin derechos, que van a trabajar y de la que después no responde nadie», ha dicho.

Tras ello, ha recordado que la consellería que dirige José González es la de Emprego e Emigración y ha finalizado interpelando al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: «¿Qué va a hacer el señor Rueda? ¿Seguir cerrando los ojos a lo que pasa en su casa?».

EL PP DICE QUE «NO HAY CASO»

Por su parte, también preguntado al respecto en el Parlamento de Galicia, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha sostenido que «no hay caso» por el «simple hecho de que el conselleiro no tiene ninguna relación con la empresa familiar». «Ni es socio ni participa en su dirección ni, por su puesto, participa en nada de lo que tenga que ver con la contratación de la empresa», ha manifestado.

A partir de ahí, ha sostenido que se «congratulan» de que «funcionen los servicios de inspección» y ha asegurado que «la familia del conselleiro tomó las medidas legales oportunas». «Y si corresponden sanciones, a quien le correspondan tendrá que afrontarlas, como cualquier otro empreario», ha afirmado.

POSICIÓN DE DEMOCRACIA OURESNANA

También ha sido preguntado al respecto el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha sostenido que «si se constata que se está cometiendo una irregularidad» las autoridades pertinentes «tienen que actuar».

Además, ha señalado que este fin de semana visitó zonas de vendimia en la Ribeira Sacra, en las que constató hay una «gran cantidad de personas» trabajando este año, muchas de las cuales son «inmigrantes». «Y la obligación de cualquier empresario, de cualquier bodega o de cualquier persona que pueda contratar es hacerlo en condiciones de total regularidad», ha manifestado.