El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que la Administración gallega va a exigir al Gobierno que «retire su propuesta» de modificar los criterios para establecer los deslindes en la costa, es decir, delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

El Ejecutivo autonómico advierte de la «inseguridad jurídica», la «falta de rigor técnico» y la afectación al derecho a la propiedad privada de estas modificaciones, teniendo en cuenta además que, según las estimaciones realizadas por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, podrían llegar a «poner en riesgo más de 2.500 edificaciones costeras en Galicia».

Precisamente, el Consello ha tomado razón este lunes de las alegaciones –que se van a presentar esta semana– en el marco de la fase de información pública del Real Decreto por el que se adoptan medidas para la gestión de los riesgos de inundación que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico empezó a tramitar el pasado mes de julio y en el que se introducen estos cambios en los criterios técnicos de deslinde.

La Xunta ha indicado que la modificación propuesta introduce cambios sustanciales en la gestión del litoral y, concretamente, altera de forma sustancial un criterio técnico muy relevante del actual Reglamento general de costas.

En este sentido, tal y como ha señalado el presidente, mientras que hasta el momento se exigía que el mar alcanzase una determinada cuota de forma recurrente –«cinco ocasiones en un periodo de cinco años como mínimo»– para fijar la línea del deslinde del DPMT, ahora este criterio se sustituirá tomando como referencia únicamente la máxima onda registrada en un momento concreto y desde un periodo temporal indefinido y abierto.

Tal y como alega la Xunta, con esta propuesta, el Ministerio recupera la misma modificación que ya había intentado introducir en el año 2022 y que fue declarada nula por el propio Tribunal Supremo. Además, critica que en esta ocasión lo hace a través de un real decreto que regula una materia diferente, en lugar de aprovechar la reforma del Reglamento general de Costas que tramita en paralelo.

El argumento del Gobierno gallego defiende que el cambio de un criterio técnico basado en el tiempo y en la frecuencia de los temporales por un criterio absoluto basado en el valor máximo de una serie histórica de datos supondría, en la práctica, que una única ola excepcional fuese suficiente para determinar una delimitación.

De este modo, la Xunta censura que el nuevo criterio propuesto se fundamentaría en un acontecimiento aislado y puntual, que no necesariamente refleja la situación real y que, además, es de cuestionable objetividad dadas las características de la distribución estadística de las olas y las dificultades asociadas al cálculo de este parámetro.

Para ejemplificar la trascendencia y el impacto de un cambio de estas características en el litoral gallego, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático hizo un análisis comparativo del actual DPMT en Galicia teniendo en cuenta el cambio propuesto.

El estudio estima que esta superficie se incrementaría en 6,53 kilómetros cuadrados hasta llegar, según ha indicado Rueda, «a un total de más de 156 kilómetros cuadrados –el equivalente a más de cuatro veces el término municipal de la ciudad de A Coruña– y que en ella se contabilizan 2.511 edificaciones preexistentes que serían incluidas en la zona marítima-terrestre y, por lo tanto, pasarían a estar catalogadas como bienes de dominio público.

Entre ellas, ha explicado el presidente, hay «depuradoras, pabellones o industrias» que, en el caso de estar en terrenos públicos, podrían ser expropiadas «sin tener que hacer desembolsos económicos».

La Xunta ha señalado que se trata de un cambio normativo al que se añade, además, la tramitación paralela de la modificación del Reglamento general de Costas, con la que el Gobierno central pretende endurecer también el actual régimen de concesiones en el litoral, así como sus prórrogas.

INUNDACIONES

Además, la Xunta incluye una serie de observaciones técnicas desde el punto de vista de la gestión del riesgo de inundaciones. En este sentido, alega que la modificación propuesta, además de incorporar nuevas exigencias documentales y administrativas, introduce también nuevas obligaciones y limitaciones de usos para los territorios sometidos a riesgo de inundación, como la prohibición de acampadas, la instalación de cámpings o la celebración de determinados eventos con concentración de personas.

También se advierte de que muchas de estas nuevas obligaciones no van acompañadas de criterios técnicos suficientemente claros y homogéneos, lo que puede generar diferentes interpretaciones en su aplicación.

La Xunta también considera excesivamente apresurados algunos de los plazos previstos y avisa de que el real decreto supondrá un incremento del gasto público de los organismos de cuenta –en el caso de Galicia, Augas de Galicia– que no consta que fuesen cuantificados ni que vayan acompañados de la transferencia de los recursos necesarios para hacerle frente.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha analizado este lunes el informe de la Consellería do Mar sobre la resolución de la convocatoria de ayudas de 2026 para proyectos en el marco de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), gestionadas en colaboración con los ocho grupos de acción local del sector pesquero (GALP) en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Esta línea de ayudas se saldó con la aprobación de 134 proyectos que movilizarán una inversión global de casi 17 millones de euros en los pueblos y comarcas costeras gallegas, sustentado en un apoyo público de 9,72 millones de euros y en la captación de inversión privada directa de más de 7,16 millones.