El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de «un programa específico» dotado de 2,6 millones para facilitar y acelerar la integración laboral de las personas acogidas en la comunidad al proceso de regularización extraordinario promovido por el Gobierno central.

En concreto, esta iniciativa busca atajar una de las «numerosas carencias» denunciadas pro la Administración autonómica sobre el proceso puesto en marcha por el Ejecutivo central, como la ausencia de medidas de acompañamiento efectivas que se traduzcan en oportunidades reales de empleo para conseguir una integración plena, y favorecer que el cambio en la situación administrativa de estas personas beneficie tanto a las empresas con dificultades para cubrir vacantes como al conjunto de la Comunidad.

«El objetivo es promover una migración ordenada, segura y eficaz y que, además, esté conectada con las necesidades del tejido productivo y la urgencia de cubrir puestos vacantes», ha explicado el máximo mandatario autonómico, al mismo tiempo que ha recordado que la Xunta «no está de acuerdo con la forma en la que el Gobierno central realizó esta regularización, «ya que no se consultó a las comunidades, ni se evaluó su impacto sobre los servicios públicos del Estado del Bienestar y tampoco se garantizaron los fondos para una correcta integración».

De hecho, ha indicado que el Gobierno gallego considera vital avanzar en este ámbito teniendo en cuenta que el resultado de este proceso extraordinario de regularización ya está teniendo impacto en las cifras del paro registrado en Galicia.

Tal y como ha indicado Alfonso Rueda, en la actualidad hay «más de 2.100 personas inscritas en las oficinas de empleo de la comunidad como consecuencia de este proceso» y el hecho de contar con trabajo «es básico para alcanzar una integración plena en el territorio».

«Galicia está haciendo lo necesario para que estas personas trabajen y sumen y se puedan integrar para que esta tierra prospere», ha asegurado.

PROGRAMA

El programa arranca con un presupuesto inicial de más de 2,6 millones e incluye la firma de convenios de colaboración con «nueve entidades sin ánimo de lucro -Cáritas Federadas en Galicia, Cáritas Diocesana de Lugo, Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia, ONG Rescate Internacional, Unións Agrarias-UPA, Fundación Juan Soñador, Asociación Ecos do Sur, ONG Mestura y Cruz Roja Española en Galicia- que, tal y como ha indicado el presidente, «cuentan con una amplia experiencia en la inserción laboral y social de las personas migrantes».

Estas organizaciones tendrán como objetivo casar las ofertas de empleo que ellas mismas gestionan, las disponibles en el SPEG y mismo las de las empresas de trabajo temporal (ETT) con los perfiles de las personas regularizadas, con el objetivo de contribuir a cubrir las necesidades de personal existentes en determinados sectores del tejido productivo gallego.

La primera fase del programa, con base en microcredenciales para la integración laboral y que irá hasta finales de 2027, prevé itinerarios individualizados de formación e inserción laboral que empezarán con la selección de las personas participantes y con la prospección de las empresas para identificar los sectores y puestos con mayores posibilidades de contratación.

A partir de esa información se diseñarán acciones formativas de carácter breve adaptadas a los puestos de trabajo. «El objetivo es que, al menos en un principio, 500 personas logren empleo», ha indicado el presidente de la Xunta, garantizando que «su permanencia en la comunidad esté vinculada la existencia de un contrato».

Los itinerarios incluirán orientación, diagnosis, formación y acompañamiento durante todo el proceso, así como formación en igualdad y apoyo para obtener el permiso de conducción de la clase B.

La etapa final se centrará en la casación entre ofertas de empleo y personas participantes, en su inserción laboral y en el seguimiento posterior.

COMPETENCIAS SOBRE LAS AUTORIZACIONES INICIALES DE TRABAJO

En su intervención, además, el presidente ha recordado que resulta también prioritario contar con las competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo, una transferencia que la Xunta negocia con el Gobierno central.

«Esperamos que antes de que termine el mes o en el próximo mes de octubre se pueda culminar esa transferencia», ha apuntado.

Precisamente, fuentes del Gobierno gallego han explicado que este martes tendrá lugar en Santiago de Compostela una reunión entre la Xunta y el Estado para abordar este asunto.

FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

Por otra parte, tal y como se desprende de un informe analizado por la Xunta, formación continua, cursos superiores y actividades divulgativas como jornadas, conferencias y formación práctica digital configuran el programativo para este año de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

En concreto, desarrollará a lo largo de este 2026 un total de 216 actividades formativas, con 11.000 plazas para el personal empleado público, en materia de administración electrónica, protección de datos y calidad administrativa.